Can Vies es una casa «ocupada» por «okupas», es un «centro social» que causa muchas molestias a los vecinos del barrio de Sants, hartos de las actividades de un numeroso grupo de jóvenes poco proclives a respetar las normas de convivencia y las normativas municipales.
Durante varias noches de mayo del año 2015 se produjeron graves disturbios con decenas de detenidos al intentar el desalojo de ese lugar por parte de las fuerzas de seguridad, hasta tal punto que el anterior alcalde no se atrevió a acabar el desalojo y permitió que siguiese allí el campamento ocupa.
La Generalitat se presentó como acusación en el juicio a los detenidos en los altercados, sin embargo, la Generalitat ante la petición de la CUP para que se retirase de los procesos judiciales que tratasen de «persecución política, disidencia o desobediencia a leyes injustas», ha decidido no retirarse del mismo, parece que hay acuerdos secretos que afectan a la libertad de la ciudadanía, dejan sin protección jurídica y policial a la mayor parte de los catalanes y agudiza esa lógica de «si no me gustan las leyes, me las salto» (si la Generalitat quiere romper el marco legal y el estado de Derecho ¿por qué no dejar hacerlo a sus socios en la ruptura?), desde luego el coste a la calidad democrática y a la legitimidad de nuestras instituciones será enorme, aunque, como es normal, quien suele pagar estos peajes sociales, políticos y económicos son las personas de a pie…
Pero ¿este es el único caso pactado?, como nos dice el ARA, no son siete procesos más… ¿qué precio ha pagado Artur Mas por su obsesión separatista?: la arbitrariedad ante la ley.
