Cataluña

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Acusa a la presidenta del Parlamento de Cataluña de desobediencia y prevaricación

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La fiscalía decide empitonar a Forcadell y subraya su "total desprecio" a la Constitución

"No puede excusarse en el privilegio de la inviolabilidad de los diputados, ya que éste no ampara ninguna ilegalidad"

Periodista Digital, 19 de octubre de 2016 a las 17:35
Sobre su posible inhabilitación, Forcadell ha evitado valorar esa posibilidad al considerar que "sería un acto tan grande contra la democracia que ni hablo de eso". "Hice lo que tenía que hacer"

La Fiscalía ha presentado este 19 de octubre de 2016 ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la anunciada querella contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por permitir una votación sobre el proceso soberanista pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.

La querella, firmada por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, acusa a Forcadell de los delitos de desobediencia grave y prevaricación, que implican penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El texto acusa a Forcadell, entre otras cosas, de actuar "con total desprecio de la Constitución de 1978" y de usar "torticeramente" la presidencia de la cámara.

La querella subraya la "voluntad inequívoca e irreversible" de Forcadell de "llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados".

El pasado 27 de julio, la presidenta permitió que el pleno de la cámara autónoma votara las conclusiones de la comisión de estudio del llamado proceso constituyente. Lo hizo pese a que el Constitucional había advertido directamente, a los miembros de la Mesa, de que debían "impedir o paralizar" cualquier iniciativa que impulsara el proceso de "desconexión" con el resto de España".

Forcadell permitió votar una resolución que "de manera expresa trata de desvincular a las instituciones" catalanas "del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido" en el modelo de organización territorial del Estado, señala el fiscal.

La votación propiciada por la presidenta está "viciado de raíz" por falta de cobertura legal. La votación, señala el escrito, en ningún caso "puede ser reputada como un acto político".

Carme Forcadell ha vuelto este miércoles a defender su actuación después de que la Fiscalía haya presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella contra su persona por permitir la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del Proceso Constituyente.

Forcadell ha asegurado estar "tranquila" y ha sostenido que el contenido del escrito de la Fiscalía no le ha sorprendido:

"Nadie esperaba una cosa diferente".

En su acusación, la Fiscalía sostiene que Forcadell actuó "dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado".

La presidenta del Parlament ha respondido a esa acusación afirmando que "dinamitar el Estado para mí es permitir la corrupción, que se suspendan leyes antidesahucios, que se vaya contra la igualdad efectiva de mujeres y hombres, [que se suspendan] leyes contra la pobreza energética y que se coarten la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados de este Parlamento".

De esa forma, Forcadell atacaba al Gobierno del Partido Popular por haber permitido la suspensión de leyes autonómicas pensadas para proteger a las personas con menos recursos y lamentaba los casos de corrupción que afectan a la formación de gobierno.

"Que el Estado mire hacia dentro y mire todas las leyes que ha suspendido", ha concluido.

Sobre su posible inhabilitación, Forcadell ha evitado valorar esa posibilidad al considerar que "sería un acto tan grande contra la democracia que ni hablo de eso". "Hice lo que tenía que hacer".

La Fiscalía es contundente y no ahorra adjetivos en su querella, de una treintena de páginas y que recoge abundante jurisprudencia sobre los dos delitos.

Forcadell utilizó "torticeramente el reglamento" del Parlament y "tergiversó" sus atribuciones. El fiscal señala, además, que la presidenta "no puede excusarse en el privilegio de la inviolabilidad" de los diputados, ya que éste no ampara ninguna ilegalidad.



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