Cataluña
Mariano Rajoy (PP). David Mudarra
Es el enésimo argumento que desmiente el falso lema acuñado por el independentismo -aquel absurdo «España nos roba»-, y es un ejercicio de responsabilidad institucional por parte del Ejecutivo

MARIANO Rajoy desgranó este 28 de marzo de 2017 en Barcelona un ambicioso plan de inversiones públicas en infraestructuras para Cataluña por importe de 4.200 millones de euros hasta 2020.

Es el enésimo argumento que desmiente el falso lema acuñado por el independentismo -aquel absurdo «España nos roba»-, y es un ejercicio de responsabilidad institucional por parte del Ejecutivo.

Primero, porque Cataluña lo necesita y porque no todos los catalanes tienen la culpa de sufrir a unos dirigentes irresponsables al frente de la Generalitat.

Y segundo, porque es una evidencia que Cataluña forma parte esencial de España, reafirma la identidad de todos los españoles y no merece el maltrato que le da actualmente su mayoría secesionista.

En los últimos tres años, Cataluña ha sido la comunidad más beneficiada por el Fondo de Liquidez Autonómico, y ahora lo es con una partida extra de inversiones que cubre con creces las carencias sufridas en los últimos años pese a las previsiones del Estatuto de autonomía.

El Gobierno dará prioridad a los tres tramos catalanes del Corredor Mediterráneo para concluirlos en 2020; habrá 1.900 millones para mejorar la red de ferrocarriles de cercanías; 200 millones más para aeropuertos catalanes, y 40 para reforzar la navegación aérea; y además el Ejecutivo pugnará en foros internacionales para que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento.

Frente a la desafiante política de confrontación que pretende imponer una declaración unilateral de independencia, La Moncloa ofrece concordia, responsabilidad institucional y puentes de colaboración.

Al anunciar este plan de inversiones, Rajoy aprovechó su presencia ante una nutrida representación de empresarios catalanes para pedirles compromiso y que exijan moderación a la Generalitat.

La prioridad es poner fin a una escalada independentista abocada al fracaso y a una desobediencia que acabará con sus responsables procesados y condenados. No hay más salida que una cooperación estable y leal porque España no se va a romper.

Ni habrá referéndum separatista ilegal, ni cualquier decisión que adopte al respecto el Parlament servirá de nada, más allá de alimentar un crónico victimismo. Los mismos empresarios que antes guardaban silencio, y ahora celebran las inversiones del Estado en Cataluña, tienen la obligación de contribuir a frenar cualquier acto sedicioso.

La actitud de Rajoy es inteligente, y en adelante nadie podrá decir que se opone al diálogo.

No obstante, debe ser consciente de que hacer gestos sin recibir nada a cambio puede poner en peligro su estrategia y generar agravios comparativos en otras comunidades autónomas que, sin ínfulas separatistas, tienen las mismas necesidades, o más, que Cataluña.

Medir con distinto rasero a las autonomías sin lograr de la Generalitat un tono más constructivo puede volverse en contra del PP.