Nueva línea de investigación que apunta al desvío de comisiones por 92 millones de dólares en proyectos en países en vías de desarrollo
Los informes policiales son como los hongos: brotan en cualquier sitio, en cuanto hay cierta humedad. Y cada día una sorpresa.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) ha abierto una nueva línea de investigación en el caso Pujol para estudiar la posible vinculación de Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y del exministro de Trabajo popular Manuel Pimentel con la red de negocios de los Pujol en África.
Los investigadores enmarcan a ambos en una operativa de cobro de comisiones irregulares que provocó un quebranto en las arcas del Estado español de 92 millones de dólares.
En un informe fechado el 5 de mayo de 2017, los investigadores apuntan que el clan del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol formaba parte de una red dedicada a utilizar sociedades semipúblicas, que gozan del respaldo institucional y crediticio estatal, para financiar y otorgar garantías a proyectos en terceros países, «normalmente en vías de desarrollo o subdesarrollo», y que eran ejecutados después por contratistas españoles.
Con respecto a estos hechos, fuentes cercanas a López del Hierro «desmienten tajantemente cualquier tipo de relación con la familia Pujol, ni en África ni en ningún otro sitio».
Según la UDEF, las comisiones cobradas se desviaron a empresas como Globaltec Desarrollos e Ingeniería SA e Ibadesa Exportaciones y Servicios, detrás de las que se escondían personas como Manuel Pimentel, Francisco Javier Valero Artola, Manuel Valdés Colón de Carvajal y Antonio Luque Ruiz.
«En un momento posterior, el reparto de comisiones iría desviándose a las sociedades patrimoniales de los involucrados, como serían Almuzara Estudios SL en cuanto a Manuel Ramón Pimentel Siles y Antonio Luque».
