Se trata de dejar claro, a diferencia de lo hecho el 9-n, que no pueden colocarse al margen de la ley para impulsar el proyecto de ruptura con España
El Gobierno Rajoy, a diferencia de lo que hizo el 9N de 2014, ha empezado a mover sus piezas para proteger a los funcionarios catalanes frente a las presiones de la Generalitat y blindarles en el caso de que los dirigentes independentistas intenten forzarles a colocarse al margen de la ley para impulsar el proyecto de ruptura con España.
Explica Carmen Morodo en ‘La Razón‘ este 24 de mayo de 2017, que desde La Moncloa les han trasladado ya el mensaje de que les darán amparo y protección, y, además, también les están explicando el procedimiento para denunciar con diligencia aquellas órdenes que no se ajusten a la legalidad vigente.
Para ello, la primera instrucción es que pidan que todas las órdenes se las den por escrito porque sus firmantes «tienen muchas posibilidades de acabar implicados en un procedimiento penal y en la cárcel».
La vía sindical es la más eficaz para formalizar esas denuncias al ser funcionarios que dependen de la Generalitat, ya que en el caso de depender de la Administración General del Estado tienen a su alcance el apoyo de la delegación del Gobierno.