En La Moncloa hacen un balance muy positivo: la vicepresidenta ha contactado con unos 40 representantes de todo tipo de sectores y ha viajado 16 veces a Cataluña
El Gobierno de España constata el fracaso en sus relaciones institucionales al máximo nivel con la Generalitat de Cataluña, pero se niega a renunciar a la llamada Operación Diálogo con la sociedad catalana.
En La Moncloa hacen un balance muy positivo de esa estrategia: la vicepresidenta ha contactado con unos 40 representantes de todo tipo de sectores y ha viajado 16 veces a Cataluña en esta legislatura.
El portavoz del Ejecutivo oficializó este viernes 26 de mayo de 2017 el nuevo objetivo:
«Conectar con sectores clave de esa sociedad, no representada ya por un Gobierno de todos los catalanes sino solo de los secesionistas».
El nivel de alarma generado por el desafío independentista ha llegado al límite. El Gobierno ha endurecido su discurso contra los planes de la Generalitat hasta el punto de que tres ministros han hablado abiertamente de «intento de golpe de Estado», y el presidente del Gobierno ha dejado claro que hará todo lo necesario para impedir una consulta ilegal, lo que incluye la aplicación del artículo 155 de la Constitución para desapoderar a las instituciones catalanas que violenten la ley.
En este contexto, cobra relevancia el llamamiento hecho por los empresarios catalanes a Puigdemont y a todo el movimiento separatista catalán para que respeten la legalidad vigente establecida en la Constitución sin forzar un choque dramático. Hasta ahora, el empresariado ha actuado con cierta indolencia, cuando no con ciertas dosis de complicidad.
Salvo contadas excepciones, sus silencios han sido demoledores en los últimos años en la creencia de que el chantaje independentista perdería fuelle, y que las ansias rupturistas desaparecerían por pura lógica. Pero no es así.
Al empresariado catalán le ha faltado tanta determinación como razón invoca ahora. Su llamamiento no solo es legítimo, sino alarmado. Y tiene motivos.
La fuga de empresas de Cataluña crece. La percepción de que la región está dando pasos erróneos es evidente, y el temor a que las inversiones se desplomen no se basa en especulaciones, sino en augurios razonables. Cataluña se ha propuesto dar la espalda a la recuperación económica y a ser fiable en los mercados como parte sustancial del motor económico de España.
Es evidente que Rajoy no puede hacer otra cosa que impedir ese golpe de Estado y esa involución en la historia de España con todos los medios legales a su alcance. La pena es que tantos empresarios se hayan puesto de perfil sin hacer desde el primer momento causa común de España como proyecto esencial para la nueva Europa que trata de zafarse de populismos extremistas, separatismos demagógicos y movimientos antisistema.
Los empresarios saben que en un contexto de globalización no hay lugar a reductos políticos como una Cataluña independiente, construidos a base de mentiras, manipulación de la historia y emociones mal dirigidas. Si tienen temores, debieron hacerlos públicos hace tiempo.
En cualquier caso, advertirlo ahora es un acierto porque las que están en juego son sus cuentas de resultados, que en definitiva son las de todos porque de ellos dependen la riqueza, la mejora de la productividad y la creación de empleo.
El aislamiento de Cataluña no es una opción: primero por ser abiertamente ilegal, y segundo porque una inmensa mayoría de los españoles, con derecho a decidir también sobre Cataluña, no lo aceptan.
