Los funcionarios catalanes, conscientes cada día más de lo que se juegan, están pidiendo que las órdenes se les den por escrito
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Lo más llamativo es que nadie firma nada. Da la impresión de que esta vez, los que manejan los hilos le han cogido miedo al Estado español y, por si acaso, se limitan a decir mucho y no escribir nada, no vaya a ser que después llegue ‘el tío Paco con las rebajas’ y acaben multados, ingabilitados o en chirona (‘Cocomocho’ convoca el 1 de octubre su mamarrachada separatista).
La Generalitat, con su presidente a la cabeza, ha anunciado que antes de cuatro meses se celebrará un referéndum de autodeterminación en Cataluña (El error de España y la mascarada soberanista).
Este 9 de junio de 2017, en la propia sede del Gobierno de todos los catalanes, rodeado de sus consejeros autonómicos y diputados de JpS y la CUP, Puigdemont informó de que será en concreto el próximo 1 de octubre cuando citará a los catalanes para que respondan a la pregunta:
«¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?».
La respuesta del Gobierno, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, fue contundente pero poco concreta: el 1 de octubre no habrá urnas ilegales en Cataluña. La determinación del Ejecutivo de Rajoy cuenta con el apoyo del PSOE y Ciudadanos.
Como subraya el diario ‘El País’ en su editorial, la fecha llega con cinco meses de retraso inexplicado sobre lo prometido, que no se debe a la atención prestada por el Govern a otras tareas: está desde hace tiempo dedicado casi al 100% a salvar el tambaleante procés soberanista.
Y la pregunta implica una ruptura triple: la del Estado constitucional, la de la forma de ese Estado y la de la Generalitat estatutaria. Puigdemont se negó a rectificar in extremis y asume así, en comandita con Junqueras, la responsabilidad clave de esa falsa, grave y disruptiva salida a la cuestión catalana.
Conviene que nadie se engañe sobre neutralidades y equidistancias. El desastre es enteramente atribuible al Gobierno catalán y sus epígonos.
El preanuncio del anuncio de la convocatoria se hizo con esa solemnidad -algo fatua y desacorde con la tradicional sobriedad catalana- que se intenta imprimir a todos los eventos del procés. Pero no asistió nadie más allá de los alicaídos diputados de Junts pel Sí y la CUP. Y tres manifestantes en la colindante plaza de Sant Jaume.
Fue así una celebración asténica e inocua, de efectos de momento inanes, salvo las imágenes propagandísticas: lo buscado.
La sorprendente inclinación de la Generalitat a no dejar traza escrita de sus actos más polémicos, por incalificable astucia o reprobable fraude de ley, impidió que el Govern hiciera lo que debe: gobernar, administrar, gestionar.
Así que los líderes secesionistas desnaturalizan a la principal instancia ejecutiva de Cataluña, en beneficio exclusivo del agit-prop. Algo de lo que algún día deberían responder ante los catalanes.
La retórica propagandística resultó huera, como es costumbre en estos fastos. Puigdemont lamentó con alguna razón los siete años de pasividad gubernamental transcurridos desde la sentencia que restringió el Estatut; pero no entonó autocríticas por la esterilidad de su Gobierno y el precedente, que no han cosechado (a diferencia del PNV y el Ejecutivo vasco en financiación y AVE) ningún resultado en un lustro de movilización.
Debeló las negativas a sus ofertas de diálogo, pero obviando que estas no son genuinas, al ir generalmente acompañadas de ultimatos, cartas marcadas y callejones sin salida posible.
La apelación a que se está llegando al final de la legislatura (catalana) y el lamento de Junqueras por las ocasiones (aludió a 18) en que Cataluña ha obtenido la callada por respuesta pespuntean quizá un acto fallido.
Conformado por la soledad de los protagonistas, su decreciente apoyo social y la insinuación de una demanda de alivio -el que fuera- al Gobierno, como excusa para cambiar de estrategia.
Pero si eso fuese así, de nuevo iría flanqueado por la política de hechos (o de perversos anuncios) consumados, del todo inaceptable.
