Cataluña
Catalonia is Spain: las banderas de España y Cataluña. CT

El referéndum secesionista que pretenden convocar Puigdemont y Junqueras no solo viola la Constitución, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional, sino que su organización vulnera otras leyes dirigidas a proteger los derechos de los ciudadanos.

Una de ellas es la ley de Transparencia y buen gobierno, aprobada en 2013, con el apoyo del PP y los partidos nacionalistas PNV y CiU.

Esa ley incluye como infracción muy grave de los miembros de las entidades locales no solo el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución, sino también «la violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito».

El Gobierno, según revela 'ABC' este 16 de julio de 2017, ha advertido por carta a los 947 ayuntamientos catalanes su obligación de respetar la legalidad constitucional y estatutaria. La advertencia fue rechazada por la Asociación de Municipios por la Independencia, que engloba a 787 ayuntamientos.

Las sanciones

Fuentes del Gobierno subrayaron que los ayuntamientos estarían vulnerando su obligada neutralidad institucional si facilitan el referéndum ilegal de independencia.

Los sancionados por una infracción muy grave «serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente», según la ley de Transparencia.

Son los particulares los que pueden interponer una denuncia ante la Administración, si consideran que se ha producido una infracción, pero también pueden acudir a la vía contencioso-administrativa en un Juzgado.

«Los ciudadanos tienen que ser agentes activos frente a conductas que vulneran la Constitución y las leyes», han defendido fuentes del Ejecutivo, que han animado a los vecinos a que si observan en sus consistorios actitudes de esa naturaleza, como la pérdida de imparcialidad institucional para defender la independencia en un referéndum ilegal, interpongan una denuncia.

Creen que se podría producir un aluvión de denuncias particulares contra las autoridades locales que se saltan las leyes.