Cataluña
Carles Puigdemont (PDCat) y Oriol Junqueras (ERC). CT
El Govern anuncia que «podrá establecer puntos alternativos de votación» en los municipios que se niegen a ceder espacios

Los independentistas Puigdemont, Junqueras y compañía lo tienen claro y siguen saltándose la ley y marchando a toda prisa hacia el referéndum del 1-O y mientras tanto Mariano Rajoy y su equipo templan gaitas, a la espera de que todo se calme solo.

El presidente del Gobierno ha puesto la crisis de Cataluña en manos de una brigada de fiscales y abogados del Estado, que a su vez solicitan la intervención del Tribunal Constitucional para que ningún político tenga que ensuciarse las manos ni recurrir al ejercicio de la autoridad, siempre tan antipático.

Un método de esmerada pulcritud que puede tropezar con el leve inconveniente de la desobediencia contumaz de los amotinados. Si la estrategia blanda sale bien habrá que levantar un monumento a los sorayos y sacar a todo el Gabinete bajo palio.

Subraya Ignacio Camacho en 'ABC' y somos millones los españoles que estamos de acuerdo con él, que como falle, en cambio, es probable que los españoles los corran a gorrazos; ésta es una de esas oportunidades históricas en las que no están permitidos el error ni el fracaso.

Así están las cosas. Frente a un conato de sedición y de ruptura de la integridad nacional, España opone una oposición desorientada, si es que no desleal, y un Gobierno alobado, pendiente de su reputación ponderada y sin garantías de respaldo parlamentario.

Algo tiene que ver en el arreón secesionista esta ausencia de cohesión, este músculo débil, este trance político desestructurado.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han enviado este 7 de septiembre de 2017 una carta a los alcaldes catalanes para avisarles de que deben ceder para el referéndum del 1 de octubre los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación, y dan 48 horas para confirmar que así se hará o bien para comunicar cualquier cambio o alegación.

La misiva está firmada por Puigdemont y por Junqueras, y se envió inmediatamente después de la firma del decreto de convocatoria del referéndum el miércoles en el Parlament --está fechada a 6 de septiembre--.

"Nos dirigimos a usted para comunicarle que esta administración contará con los locales que se utilizan habitualmente en su municipio como centros de votación y que fueron utilizados en las elecciones del Parlamento de Cataluña de 2015".

"La confirmación o la comunicación de las variaciones que pueda haber en relación con la disponibilidad de los locales indicados, se tiene que producir en el plazo de 48 horas".

Los líderes del Ejecutivo catalán explican que la ley del referéndum ya es vigente y que la norma establece que los ayuntamientos deben poner a disposición del Govern los locales de su titularidad que se usan habitualmente como centros de votación.

Señalan que en caso de que haya algún impedimento o negativa en relación a dichos locales, el Govern «podrá establecer puntos alternativos de votación» en los municipios para garantizar la participación de todos los catalanes.

También recuerdan que ahora hay un «régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar el referéndum» y que los cargos públicos deben cumplirlo, aunque detallan que el Govern quiere utilizar todos los locales que fueron puntos de votación en las elecciones al Parlament del 27 de septiembre de 2015, las últimas autonómicas.

Badalona, la tercera ciudad más grande de Cataluña, anuncia que dará soporte al referéndum. Lo ha hecho público su alcaldesa, Dolors Sabater, de la confluencia Guanyem Badalona, que incluye a Podemos:

INÉS ARRIMADAS DA UN REPASO A CARLES PUIGDEMONT