Cataluña
Gerardo Pisarello con Ada Colau. BC

El Ayuntamiento de Barcelona se descuelga de la celebración de la consulta independentista ilegal del 1 de octubre de 2017.

El primer teniente de alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello, ha confirmado que por ahora no se remitirá a la Generalitat la información que se les había requerido sobre qué colegios electorales de titularidad municipal se van a habilitar para la jornada de la votación.

"Los trámites ordinarios [para facilitar el referéndum] han quedado afectados por la interlocutoria del Tribunal Constitucional (TC)", ha confirmado este 8 de septiembre Pisarello en referencia a la advertencia del Alto Tribunal para que ninguna institución ni particular colabore con el referédum.

Pese a la decisión de no colaborar con el referéndum, el Ayuntamiento de Barcelona no quiere alinearse con el Gobierno central y sigue reivindicando la posibilidad de celebrar la consulta.

Por este motivo ha enviado una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pidiéndole que explique cómo se puede votar sin poner en riesgo a los funcionarios.

Con ese gesto pretende mantener la ambigüedad que Colau ha mostrado los últimos meses respecto al referéndum.

"Reiteramos nuestro pleno compromiso como Ayuntamiento para que en Barcelona se pueda ejercer el derecho a participación siempre que no ponga en riesgo la institución y sus funcionarios", ha asegurado Pisarello, que ha criticado la judicialización del conflicto entre Cataluña y el resto de España.

El gobierno de la ciudad ha explicado que la interlocutoria del Tribunal Constitucional ha paralizado cualquier preparativo para permitir la votación.

Pisarello, el vicealcalde de origen argentino que arracó con ferocidad la bandera de España del Ayuntamiento de Barcelona, ha asegurado que aún están a la espera de conocer el informe jurídico que indique cuál debe ser el posicionamiento del Gobierno municipal.

Sin embargo, fuentes del Consistorio han explicado que el secretario municipal Jordi Cases ha comunicado a varios trabajadores, de manera informal, que la institución no participará en la votación cediendo locales, ya que ello vulneraría la legislación estatal vigente.

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