Cataluña
Gerardo Pisarello con la alcaldesa Ada Colau. CT

Lo que le sale del alma a Ada Colau, como dejó claro con el aquelarre independentista montado durante la reciente manifestación contra el terrorismo yihadista, es ponerse la primera con la estelada, pero la alcaldesa antisistema de Barcelona se ha acojonado.

A diferencia de lo ocurrido el 9-N de 2014, cuando el Gobierno de España hizo que no veía la provocación, en esta ocasión, de cara al 1-O, los mensajes que mandan Mariano Rajoy, el ministro Montoro y los jueces son bastante contundentes y aunque poco a poco, el temor a las consecuencias de sumarse al Golpe de Estado, va calando.

Barcelona y otros seis municipios catalanes de más de 100.000 habitantes -y que reúnen más de un tercio del total de la población- se negaron ayer a la demanda del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para ceder locales municipales para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Los Ayuntamientos argumentan que las disposiciones del Tribunal Constitucional impiden realizar estos preparativos. Otros 654 municipios, la mayoría de pequeño tamaño, han aprobado un decreto expresando su compromiso a colaborar con la votación pese a las advertencias legales.

"Reiteramos nuestro compromiso como Ayuntamiento para que en Barcelona se pueda ejercer el derecho a participación siempre que no ponga en riesgo la institución y sus funcionarios", dijo este 8 de septiembre de 2017 Gerardo Pisarello, el primer teniente de alcalde que arrancó la bandera de España del balcón del Ayuntamiento barcelonés..

El gobierno que preside Ada Colau no quiere alinearse con el Ejecutivo central y sigue reivindicando la posibilidad de celebrar la votación. Pero la alcaldesa tampoco quiere tomar ninguna decisión que la arriesgue a la inhabilitación. Ello explica que se niegue, al menos por ahora, a ceder los locales.

Tras confirmar que de momento no se van a ceder espacios de votación, Pisarello pidió a Puigdemont que explique cómo se puede votar sin poner en riesgo a los funcionarios, un asunto con el que los sindicatos han sido muy insistentes.

CÁRCEL FRENTE A DESOBEDIENCIA

AL igual que la ley del referéndum ya ha quedado en suspenso, la ley de transitoriedad seguirá idénticos pasos y la Generalitat carecerá de cobertura jurídica para celebrar la consulta del 1-O.

Pero más allá de la ceguera política y la irresponsabilidad demostrada por los separatistas, el fracaso del referéndum está en manos de los empleados públicos y funcionarios.

Primero, de los jueces y los fiscales, cuyas decisiones y ejecutorias son de obligado cumplimiento por encima de lo que ordenen las instancias políticas de la Generalitat.

Después, de los Mossos, a quienes se quiere abocar a una rebeldía flagrante bajo la excusa de que están obligados a obedecer a sus superiores operativos y políticos. Es falso.

En ningún caso pueden contravenir el orden establecido, más aún cuando ya constan instrucciones expresas de órganos constitucionales y de la propia Fiscalía para impedir cualquier acto tendente a la celebración de la consulta. Se arriesgan a ser multados, inhabilitados y perder su empleo.

Legalmente, no están ante una disyuntiva para decidir individualmente qué órdenes contradictorias cumplir.

Solo rige la autoridad del juez para los Mossos y -bajo riesgo de incurrir en un desacato o en rebeldía- tendrán que impedir la apertura de colegios, intervenir urnas y evitar la violación de los derechos de los ciudadanos a quienes se quiera obligar a ejercer como miembros de falsas mesas electorales.

Lo mismo debe ocurrir con los alcaldes, toda vez que facilitar instalaciones para colocar urnas condicionará penalmente a los funcionarios que cooperen con el separatismo.

El acto de acoso vivido este viernes por el alcalde de Mataró a manos de 300 independentistas demuestra que el conflicto acabará en las calles y que están dispuestos a tomar los ayuntamientos por la fuerza para celebrar el referéndum.

Por eso resulta alarmante la calculada equidistancia de la alcaldesa de Barcelona, que aún no ha descartado colaborar con los separatistas. Colau ya ha demostrado ser una oportunista proclive a la independencia de Cataluña.

Por eso, su ambigüedad institucional es vergonzosa. Si los ayuntamientos de Barcelona y de su área metropolitana plantan cara a Puigdemont, el intento de sedición está abocado al fracaso.

Colau tendrá una gran responsabilidad en lo que ocurra, ya que si los independentistas no han tenido reparo en falsificar la firma del letrado mayor o del secretario general del Parlament para forzar la ilegal publicación de sus chapuzas legislativas, menos tendrán aún en atemorizar y violar derechos de funcionarios anónimos.

De momento, Puigdemont tendrá que responder provisionalmente con su patrimonio si un juez decreta la fianza que pide la Fiscalía, ya que va a ser investigado por malversación y corre el riesgo de ir a prisión. Hasta la paciencia con la desobediencia obsesiva debe tener un límite, y la cárcel es uno de ellos.

El revolcón de Coscubiela al independentismo y a los podemitas que tanto aplaudió la oposición en el Parlament