Cataluña
Los ministros Íñigo Méndez de Vigo y Cristonal Montoro. Tarek
El plazo comienza a contar desde mañana, cuando se publicará el acuerdo de la Comisión delegada de asuntos económicos en el BOE

Pintan bastos. El Ministerio de Hacienda de España intervendrá la semana que viene los pagos de la Generalitat.

El Gobierno Rajoy ha aprobado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de este 15 de septiembre de 2017 un mecanismo de control de los pagos del Gobierno catalán.

El Ministerio de Hacienda será el que se haga cargo del pago de nóminas de funcionarios, servicios sociales como Sanidad o Educación, subvenciones, inversiones no ejecutadas o deudas a los proveedores.

La Generalitat informará la semana que viene al Ministerio de las cuantías de cada partida para que sea Hacienda la que pague directamente utilizando los recursos del sistema de financiación que corresponden a Cataluña, de unos 1.400 millones al mes, ha calculado el ministro Cristóbal Montoro en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El Gobierno catalán deberá informar mes a mes al ministerio de sus necesidades.

Estos recursos que intervendrá Hacienda incluyen la recaudación de tributos compartidos (IRPF, IVA y Especiales) y también atañen a los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que ya venía controlando el Ministerio desde noviembre de 2015.

En definitiva, Hacienda gestionará los pagos de la mayor parte de los recursos de financiación de Cataluña, aunque no todos, ya que queda fuera de este control los impuestos propios o cedidos a la Generalitat (como Patrimonio, Sucesiones y demás).

Estos tributos, que suman unos ingresos de unos 250 millones al mes en palabras de Montoro, tendrán otro tipo de vigilancia. La Generalitat, al ir a la entidad financiera correspondiente a retirar el dinero, deberá presentar certificados que recojan en qué se gastará estos fondos. Si no, no podrá disponer de estos recursos, ha explicado el ministro.

Antes de que este instrumento se articule, la Generalitat deberá congelar parte de su gasto. Montoro ha dado un ultimátum de 48 horas a la Generalitat para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad de créditos sobre las partidas que no controlará el Ministerio, para asegurar que Cataluña cumple con los objetivos de déficit, deuda y gasto aprobados por el Ejecutivo.

Este acuerdo es fundamental para que Hacienda comience a pagar los servicios públicos catalanes. El plazo comienza a contar desde mañana, cuando se publicará el acuerdo de la Comisión delegada de asuntos económicos en el BOE.

¿Y si la Generalitat no cumple?

«¿Qué va a pasar, que nos van a decir que no paguemos los servicios públicos, los funcionarios?», ha teorizado Montoro.

Junto a ello, Hacienda autorizará toda operación de endeudamiento a corto plazo de la Generalitat, es decir, préstamos bancarios, garantías o salida de recursos en fondos. Anteriormente la obligación regía para los préstamos a más de un año, pero ahora cualquier operación financiera deberá estar sujeta a la autorización de Montoro, a través de la Intervención General del Estado.

Ante la duda de si la Generalitat cuenta con un fondo de reptiles oculto, como deslizó un senador de ERC, Montoro ha rechazado esta hipótesis.

«No nos consta que haya fondo de reptiles, esto es una administración moderna».

Además de toda esta estructura de control, Cataluña deberá informar por el punto Face de facturas electrónicas de todas las actividades que queden fuera del pago directo de Hacienda.

El paquete de medidas aprobado por el Gobierno responde a la carta del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en la que rechazaba enviar el informe semanal de gastos al Ministerio, una medida aprobada en julio para evitar que se destinarán fondos públicos a la consulta independentista.

«Ni un euro va a ir a organizar una consulta ilegal».

El armazón de controles que regirá ahora, como ha explicado, ya existía desde noviembre de 2015 sobre los préstamos concedidos por el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Hacienda paga desde entonces a aquellos proveedores del FLA de la Generalitat. Ahora esto se extiende a la mayor parte de recursos de financiación y servicios públicos del Gobierno catalán. La intervención no ha sido política, sino económica.

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