Lamela deja en bandeja al Tribunal Supremo la macrocausa al «procés»
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se ha mostrado este 22 de noviembre de 2017 a favor de que la investigación a Carles Puigdemont y su ex Govern, a la Mesa del Parlament y a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, «los Jordis», se centralice en un mismo juzgado, una decisión que acerca la macrocausa al Tribunal Supremo (TS).
Esa es la conclusión a la que llega la magistrada en el informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le requirió toda la información de su investigación con vistas a acumularla a la que él instruye contra Carme Forcadell y los ex integrantes de la Mesa que permitieron tramitar las leyes independentistas.
En su escrito, Lamela sostiene:
«Todos los querellados, así como otras personas investigadas, forman parte de una compleja y heterogénea organización, donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario».
Desde 2005, recuerda, han llevado a cabo una premeditada estrategia «perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles», lo que en su opinión impide que la investigación de los hechos se pueda escindir.
«Todos los investigados actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario».
Lo que no puede ser es que Tardá justifique al granuja de Rufián y encima diga que sus tuits son certeros y agudos https://t.co/HBUnt354B8
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 22 de noviembre de 2017
Esa estructura estaba integrada tanto por el ámbito legislativo y autoridades parlamentarias como por el Ejecutivo -los miembros del Govern-, la sociedad civil (con los presidentes de ANC y Omnium a la cabeza), los Mossos d´Esquadra y determinadas personas pertenecientes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y a Diplocat, la red de «embajadas» de la Generalitat en el extranjero.
Por un lado, explica la magistrada, el Parlament era el encargado de aprobar las leyes en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del «proceso de desconexión».
Por otro, los líderes de asociaciones independentistas debían movilizar a las masas con el objetivo de crear en la ciudadanía «un sentimiento de rechazo» hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia, como ocurrió durante las concentraciones tumultuosas convocadas para impedir la ejecución de los registros judiciales en varias consejerías los pasados 20 y 21 de septiembre.
ANC y Omnium, dice Lamela, actuaron «como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern» favoreciendo esas movilizaciones.
Lamela tampoco se olvida de los Mossos, a quienes atribuye un papel de «especial relevancia» en la hoja de ruta hacia la independencia pues según ella en ese plan soberanista resultaba esencial:
«Al contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban».
La magistrada entiende que la Generalitat hizo una «utilización ilegal» de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas tanto en los actos sediciosos y el 1-O:
«Como en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales».
La Guardia Civil mete en vereda en varias ocasiones a Mossos que apoyan el referéndum ilegal
