Cataluña
Las CUP le han hecho la cobra al alicaído Turull. PD

Era de esperar. La CUP no se moja con Jordi Turull y ha decidido abstenerse en el pleno de investidura de este 22 de marzo de 2018 en el Parlamento de Cataluña. ¿Resultado? Que el lío institucional prosigue y, por lo menos, hasta el sábado 24 de marzo de 2018 no habrá presidente.

En esta fecha no será preciso tener ya el apoyo de la CUP puesto que servirá con mayoría simple para que Turull sea investido.

Eso sí, siempre y cuando el juez del Supremo, Llarena, no impute o inhabilite para el ejercicio político al candidato a la presidencia de la Generalitat y ese hecho puede producirse en cuestión de horas, el 23 de marzo de 2018, cuando el magistrado tiene citadas a casi 30 cargos y responsables vinculados a la celebración del 1-O, entre ellos el propio Turull.

DISCURSO VICTIMISTA Y ANODINO

El candidato de Juntos por Cataluña, al que definen como el 'plan C' de los golpistas tras salirles mal los 'inventos' de Carles Puigdemont y Jordi Sánchez, se presentó en el pleno del Parlamento con la sensación de quien sabe que va a tener que soltar una parrafada que no será tenida en cuenta.

Por eso, intentando un imposible, quiso llevarse a su terreno a los de la CUP con un discurso victimista en la que dejó frases de este calibre:

No vamos a bajar la cabeza ante la injusticia y el miedo y amenazas.

Es urgente que el Estado acepte el mandato del 21 de diciembre.

Lo primero que hará el nuevo gobierno será restituir las instituciones y quitar el 155.

Hemos asistido estupefactos a la acción represiva del Estado español.

No guardamos ningún rencor. Solo sentimos una tristeza infinita.

Antes que nada queremos restaurar las instituciones catalanas.

Mañana algunos tenemos una cita que no hace falta que os diga dónde es, porque ya lo saben.

MALVERSACIÓN DE 1,4 MILLONES

Según informa el diario El País, la Guardia Civil ha entregado al juez Pablo Llarena un informe que pone cifra al dispendio del referéndum ilegal del 1-O: 1,6 millones de euros entre envíos de correspondencia (casi un millón), una campaña para catalanes en el extranjero, la publicidad institucional y la actividad del Diplocat, el órgano de exteriores de la Generalitat suprimido tras la aplicación del artículo 155. El informe atribuye al exconsejero de Presidencia y candidato a presidir la Generalitat, Jordi Turull, responsabilidad en el gasto de tres de esas cuatro partidas, lo que suma 1,4 millones:

Campaña para el exterior. 224.835 euros. La Generalitat, concluye el informe, impulsó una campaña de registro de catalanes que viven en el extranjero. Su objetivo no era otro que "la creación de un censo electoral de residentes fuera de España". El diseño de la campaña, que incluía las palabras 'sí' y 'no era "fomentar la inscripción" en ese censo. Como máximos responsables, los agentes señalan a Turull -entonces consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán- y a su secretario general, Joaquim Nin.

Campaña de publicidad. 277.804 euros. El Gobierno catalán organizó una campaña institucional para fomentar la participación en la votación ilegal del 1 de octubre. Lo hizo, según la Guardia Civil, mediante un contrato-programa con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que gestiona la televisión y la radio autonómicas. TV-3 y Catalunya Ràdio emitieron, en septiembre, dos anuncios en el que aparecía la frase 'Naciste con la capacidad de decidir' sobre unas vías de tren que se bifurcan. En el segundo de esos anuncios se mencionaba de forma explícita el referéndum. De nuevo, la Guardia Civil señala como responsable al Departamento de Presidencia dirigido por Turull. Y cita un correo de Turull al exvicepresidente Oriol Junqueras en el que le pide una aportación extra de 3,4 millones para una “campaña de contenido cívico”. Junqueras lo autorizó, pero finalmente no se adjudicó el concurso porque las empresas licitadoras (Focus y Carat) "se dieron cuenta de que no se trataba de una campaña de civismo sino de una campaña política" para "promover la realización del referéndum", concluye el informe.

Papeletas del censo. 979.661 euros. Como ya hizo con el referéndum del 9 de noviembre de 2014, la Generalitat encargó a la empresa de mensajería Unipost -que se encuentra a punto de entrar en liquidación- el envío de cartas para la consulta del 1-O. Los agentes ven probado que Unipost emitió cinco facturas a departamentos de la Generalitat para cobrar por el suministro de papeletas para el censo electoral y de citaciones a los componentes de las mesas electorales. Los agentes señalan a cinco exconsejeros y sus secretarios generales: Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Antoni Comín, Lluís Puig y, una vez más, Turull.

Diplocat. 119.700 euros. La Guardia Civil considera como parte de los gastos del referéndum la "presunta actuación" del Diplocat en la "contratación de observadores internacionales" para la jornada. El Diplocat, fulminado por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, promovía entre otras cosas el procés en el ámbito internacional. Los agentes constatan que pagos a The Hague Center for Strategic Studies están relacionados con "el traslado en avión, alojamiento y prestación de servicios" de los observadores. En este caso, el informe señala al exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, como máximo responsable del Diplocat.