Un juez de Gerona ha anulado por primera vez en Cataluña el pago de una cuota a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) con fondos públicos.
La sentencia, que desvela M.J. Cañizares en el diario ‘ABC‘, hace referencia a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Garriguella (Gerona) del 18 de julio de 2013, donde se acordó pagar 75,50 euros a la AMI.
La Delegación del Gobierno presentó un recurso contencioso-administrativo contra este acuerdo por entender que no pueden destinarse fondos públicos a objetivos ajenos a los intereses generales de un Consistorio.
El juez ha dado la razón al Estado porque «en el presente caso es claro el intento de afectación de recursos públicos a fines que no guardan conexión con los ámbitos competenciales atribuidos a las entidades locales, por lo que el motivo de impugnación debe ser estimado».
El titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Gerona basa su fallo en dos sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco relativas al pago de dinero municipal a agrupaciones políticas.
El Ayuntamiento de Garriguella alegó que la AMI es una asociación legal e invocó sus competencias municipales. Pero el juez recuerda que «como consecuencia del principio de unidad y de supremacía del interés de la nación», el Estado queda colocado «en una posición de superioridad, tal como establecen diversos preceptos de la Constitución, tanto en relación a las comunidades autónomas como a los entes locales».
El Estado ha tramitado 35 recursos contra el pago de estas cuotas a la AMI, que cada Ayuntamiento asociado cumplimenta en función del número de población. Por ejemplo, Sant Cugar del Vallès (Barcelona), paga más de 8.000 euros al año. Un total de 692 municipios están inscritos en la AMI.
Avià avanza la consulta
Por otro lado, el Ayuntamiento de Avià (Barcelona), cuyo alcalde es Llorenç Altozano (CiU), puso ayer en marcha una preconsulta sobre la autodeterminación de Cataluña que permite a sus ciudadanos pronunciarse hasta el 31 de mayo mediante votaciones electrónicas por internet o teléfonos móviles.
Esta iniciativa no tiene validez oficial y pretende ser una muestra de la opinión de la población de la localidad ante la consulta que el presidente catalán Artur Mas quiere celebrar el 9 de noviembre.
