Los sindicatos policiales acusan al Ministerio de cobardía y de ceder al chantaje mediático
Fue una cacería. Y las denuncias están ya en manos de la Policía. Al menos un grupo de peregrinos ha decidido poner negro sobre blanco lo que el 17 de agosto de 2011, el día de la manifestación anti Papa, sufrieron en la Puerta del Sol, en la zona más abierta de Madrid, a manos de facineroso de todo pelaje y ante la inaudita pasividad policial.
Revela Fernando Lázaro, cuya cobertura en El Mundo del JMJ y las manifestaciones laicas ha sido soberbia, que los denunciantes, todos franceses, formaban un grupo de peregrinos que llegó al kilómetro 0 pasadas las 21.00 horas, casi tres horas después de que diera comienzo la manifestación laica.
Todavía no se habían producido los disturbios más graves y faltaba mucho para las cargas policiales.
Este grupo, formado por tres jóvenes y cuatro menores, tuvo que abandonar la Puerta del Sol perseguido por energúmenos que les «insultaban», «amenazaban» y «zarandeaban», y tomar otra boca de Metro para salir del centro de Madrid.
Entre los acosados se encontraba una chica de 17 años, que iba en silla de ruedas al sufrir una minusvalía. Esta joven tuvo que ser asistida por una enfermera que pertenecía a la JMJ por una crisis de ansiedad.
«Llegó a sufrir una parálisis física temporal y pérdida de conciencia. Todavía mantiene dolores en la pierna izquierda».
El relato de este grupo de franceses (Anne-Marie, Nicolás, Lèa, Marc, Marlon, Aline y David) no deja muchas dudas.
Al salir del Metro de Sol se encontraron rodeados por los radicales que habían participado en la manifestación anti Papa.
Algunos manifestantes, antes de acosar a los peregrinos en el Metro, saltándose el itinerario autorizado por el Ministerio del Interior, tomaron la Puerta del Sol y arremetieron contra todos los grupos de peregrinos que estaban en el kilómetro 0 -la inmensa mayoría extranjeros-, hasta que les obligaron a desalojar el lugar al grito de «esta plaza es nuestra».
Los denunciantes aseguran que fueron «insultados, humillados y zarandeados» hasta que abandonaron la zona caliente.
Varios de los agredidos aseguran que los ultras «portaban látigos» con los que los «humillaban».
Esos latigazos también fueron dirigidos contra la menor en silla de ruedas, que tuvo que ser cogida en brazos por sus compañeros para salir de la zona lo antes posible.
La agresión se prolongó en el interior del Metro, en la estación por la que trataron de abandonar el centro de Madrid.
Les había perseguido un grupo de «manifestantes agresivos», que golpearon el vagón en el que dejaron la zona.
«Hay que quemar los crucifijos», era uno de los gritos que estos asustados peregrinos pudieron escuchar mientras huían casi a la carrera.
«Pasamos mucho miedo», declaran los menores ante la Policía.
Uno de ellos, incluso, aseguró que había sido víctima de abusos sexuales, «tocamientos en los genitales con el látigo», a la vez que le obligaban a coger un preservativo.
La tensión descrita por los denunciantes es enorme. La Brigada Provincial de Información ha iniciado unas investigaciones para esclarecer las denuncias.
LOS SINDICATOS POLICIALES CRITICAN AL MINISTERIO
La decisión del Ministerio del Interior de abrir expediente disciplinario por falta grave a tres agentes por extralimitarse al cargar en la marcha laica no ha sentado nada bien a los sindicatos policiales.
El portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, ha Asegurado que los políticos «nunca son responsables de nada» y que siempre pagan «los que están en la calle y obedecen» órdenes.
Perdiguero ha opinado que la decisión del Ministerio del Interior «demuestra que los políticos nunca tienen la responsabilidad de nada» y que el culpable «siempre es el que está en la calle y hace lo que mandan ellos».
«Por su inacción, por no mandar, por no aplicar la ley… somos nosotros los que al final lo pagamos, a los que sancionan. Eso demuestra al final que, por la desidia de los políticos, lo fácil es sancionar a la buena de dios, aplicar el régimen disciplinario por las presiones sociales de según qué gente».
Además, ha reprochado a los responsables del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Policía que, «a fecha de hoy, nadie haya hecho nunca nada por defender» a los agentes.
«En cuatro meses, con todo lo que hemos aguantado –escupitajos, agresiones– y con 40 agentes heridos, nadie del Ministerio o de la Dirección General nos ha defendido».
Así, ha concluido que esta actitud «demuestra que con unos se corre mucho para sancionar, pero otras veces no se hace».
Cesión a la presión
Felipe Brihuega, secretario general del Sindicato Unificado de Policías (SUP) ha apuntado a que el Ministerio que dirige Antonio Camacho «ha cedido ante la presión mediática» y ha recordado que también hubo gente que se «extralimitó» con los agentes.
En su opinión, «no es justificable pero sí es entendible» que en un momento dado haya habido agentes que se hayan podido «extralimitar» como consecuencia de haber «estado sometidos a insultos, vejaciones, escupitajos, etc».
«También la Policía tiene vídeos de personas que se extralimitan con los agentes. Se les escupe o se les mea», ha asegurado Brihuega, al tiempo que ha pedido que también se saquen esas imágenes y que ha preguntado «por qué ante la presión mediática no se defiende a los policías de otra manera».
«Quieren acallar a la opinión pública».
El representante del SUP ha concluido señalando que al Ministerio del Interior «se le ha ido» este tema «de las manos» y, ante la «presión mediática, esto es lo que se le ha ocurrido».
‘Una decisión de cobardes’
Muy contundente también ha sido el vicesecretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Lorenzo Nebrera, que ha acusado a Interior de tomar «una decisión de cobardes».
«Lo fácil es lo que ha hecho la Policía a instancias del Ministerio y del PSOE, que es quien ha iniciado esta caza de brujas», ha manifestado Nebrera, que ha calificado de «sorprendente» esta decisión «después de tres meses en los que se ha estado vulnerando la Ley de Reunión y Manifestación» en las calles de Madrid, en alusión a las acampadas del movimiento 15-M.
«La Delegación del Gobierno ha permitido que vejen, provoquen e incluso presenten denuncias falsas contra los agentes», ha dicho el representante sindical, que ha lamentado que la autorización del paso de la marcha laica por la Puerta del Sol acabe traduciéndose en esta decisión.
«Duele que unos profesionales que han estado sometidos a una presión tremenda, puedan ser sancionados a causa de unas imágenes», ha añadido el CEP, que estudiará los casos, seguirá el desarrollo de los expedientes y pondrá su gabinete jurídico a disposición de los agentes «para las posibles alegaciones».