La contraposición España-Cataluña es un éxito que no se merecen los agitadores separatistas
EL Ministerio de Educación ha ordenado a la Alta Inspección que informe sobre si los libros de Historia utilizados en la red educativa catalana vulneran la normativa vigente.
Este planteamiento es un eufemismo que evita llamar a las cosas por su nombre, porque se está refiriendo al adoctrinamiento nacionalista que la Generalitat impone a los alumnos catalanes.
Tampoco ha sido una iniciativa propia del Gobierno central, sino la consecuencia de la denuncia presentada por el sindicato AMES, integrado por profesores catalanes de enseñanza secundaria que no se resignan a participar silenciosamente en un estado de insumisión educativa.
La denuncia se sustenta en un informe exhaustivo que analiza los libros de texto que enseñan Historia a los alumnos catalanes.
El documento describe con todo detalle la estrategia de adoctrinamiento secesionista, plasmada en la prioridad dada a los aspectos diferenciadores entre Cataluña y el resto de España, en la difusión de supuestos agravios históricos o en la afirmación de realidades históricas falsas -como la Corona «catalanoaragonesa»-.
El resultado ya es conocido desde hace mucho tiempo: la implantación impune de un sistema educativo al servicio de la causa nacionalista.
El valor político y social de esta denuncia es que nace del propio profesorado catalán y constituye una nueva prueba de que el Gobierno del Estado, así como los partidos nacionales, deben corregir su enfoque del problema con Cataluña, que no es una discordia entre España y esta comunidad autónoma, sino una quiebra de la convivencia entre catalanes.
La contraposición España-Cataluña es un éxito que no se merecen los agitadores separatistas.
Por eso es imprescindible que los catalanes no nacionalistas se sientan amparados por el Gobierno de la nación, que no debe ser neutral en este asunto, y apoye desde sus instituciones el control de la legalidad democrática.
Por muy necesarios que sean los votos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, las prioridades están claras. Lo que piden los profesionales de la educación no es una pretensión partidista, sino una actuación en beneficio del interés general.
La decisión del Ministerio de Educación de instar a la Alta Inspección la elaboración del informe no debe ser una inyección de anestesia al grave problema del incumplimiento de los contenidos mínimos reservados al Estado en los programas de las asignaturas. Ha de ser una iniciativa sometida a plazos, con propuestas concretas de intervención y con consecuencias reales.
Así habrá un doble aviso: quienes incumplen la ley tienen que pagar; quienes la defienden deben sentirse respaldados activamente por el Estado.
