Un grupo de entidades científicas, ecologistas, y de pescadores han escrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al secretario de Estado de Medio Ambiente y a las comunidades autónomas para que exijan el cumplimiento de la prohibición legal de introducir especies invasoras, especialmente en los cursos fluviales y otras masas de agua, y se han mostrado en contra de la posible revisión a la baja del Real Decreto de Especies Exóticas e Invasoras.

En su escrito, denuncian la "aceptación" por parte de las administraciones de los argumentos de los grupos de presión de las piscifactorías y de la pesca intensiva para solicitar la moratoria, e incluso la modificación a la baja, del Real Decreto de Especies Exóticas e Invasoras.

A su juicio, estos "grupos de presión" pretenden continuar actuando contra la Ley de Patrimonio Natural para mantener el beneficio económico que les aporta el fomento de especies exóticas, que generan un "perjuicio muy notable" tanto a las especies autóctonas y a los ecosistemas, como a las actividades económicas, verdaderamente sostenibles.

En este contexto, ponen de ejemplo los casos como el siluro, el black-bass, el lucioperca, la trucha arco-iris, la carpa, los cangrejos exóticos, el lucio, el alburno, las variedades alóctonas de trucha común y esturión, entre otras.

"No es de recibo que los sectores de la acuicultura y de la pesca intensiva quieran imponer un modelo de negocio basado en la explotación de especies exóticas que causan graves problemas al medio ambiente y a las fuentes sostenibles de actividad económica, máxime cuando hay alternativas y se puede llevar a cabo una transformación racional de estas actividades hacia otras sostenibles que utilicen especies y variedades autóctonas", insisten.

Además, recuerdan al Ministerio y a las Consejerías que la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, desde 2007, tiene vigentes en España las limitaciones que les afectan, con antecedentes que se remontan a 1979 y que derivan del derecho internacional y de la Unión Europea. Igualmente, valoran que el Catálogo es el "primer intento serio de poner coto" a la introducción y expansión de especies invasoras, especialmente en el medio acuático.

De este modo, solicitan a los responsables públicos que redoblen sus esfuerzos para exigir el cumplimiento de esta norma, para evitar ampliar su objeto de aplicación de forma progresiva, e invirtiendo el dinero dilapidado en fomentar las especies invasoras en afianzar la restauración del hábitat y la recuperación de las especies autóctonas, muy perjudicadas por las invasiones biológicas. Piden también que, entre las mejoras al Real Decreto, aumenten las medidas preventivas que eviten las sueltas voluntarias o accidentales.

La liberación de especies invasoras está tipificada como delito por el código penal de 1995, lo que ha motivado la intervención de la Fiscalía Ambiental y que la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007 obliga a indemnizar por daños económicos.

Los firmantes son: Ecologistas en Acción, Ríos con Vida, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas, WWF, Greenpeace, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra, Unipesca, Sociedad Ibérica de Ictiología y Asociación Ibérica de Limnología.