La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha detectado aspectos retroactivos en el real decreto ley 1/2012 de suspensión de primas a nueva tecnología renovable y se está planteando la posibilidad de presentar recursos judiciales, indicaron a Europa Press en fuentes cercanas a la federación.

Esta retroactividad en la moratoria a las renovables afecta a los cerca de 280 megavatios (MW) ya construidos o en marcha y presentados a alguna de las dos convocatorias fotovoltaicas correspondientes a 2012, ambas suspendidas por la nueva norma.

De hecho, en su primer encuentro con el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, la junta directiva de UNEF reclamó al Gobierno que permita la tramitación de estos dos convocatorias.

La federación presidida por Rocío Hortigüela y Antonio Navarro calcula que los costes hundidos que las instalaciones deben afrontar antes de llegar al registro de preasignación equivalen a cerca del 6% del todo el proyectos.

Los promotores que asumieron estos costes, correspondientes a avales, licencias de obras, visados o memorias de instalación, se encuentran ahora con que sus proyectos no pueden entrar en los cupos de potencia.

El diario 'El Economista', que adelanta los cálculos de UNEF, indica además que la federación cifra en 4.500 los despidos que provocará entre 2012 y 2013 el parón de actividad. Además, dejarán de generarse 1.100 empleos estructurales hasta 2016.

PERDIDA DE EMPLEO.

Por otro lado, la Asociación de la Industria Eléctrica (ASIF), integrada en UNEF, cifra en 12.100 el número de empleos directos que la moratoria destruirá en la fotovoltaica, y en 3.025 los indirectos.

La suma de estos dos grupos arroja una pérdida de empleo total de 10.588 puestos. Sobre la base de que cada desempleado recibirá un subsidio mensual de 1.000 euros, el coste de la moratoria supondrá, solo en gastos de desempleo, 127 millones de euros al año.