Uber es una empresa estadounidense que se dedica a poner en contacto a pasajeros con conductores particulares registrados en su servicio, a través de una aplicación para teléfono móvil, y cobra un precio por ese servicio. En teoría, todo es correcto y es un ejemplo más de las posibilidades que ofrece el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Las cosas, sin embargo, luego no resultan tan sencillas y lo que a priori parece una buena idea, que le puede permitir a mucha gente buscarse la vida, o unos ingresos adicionales, también tiene repercusiones negativas para otras personas porque Uber puede suponer una competencia desleal, en especial para el taxi.
Un taxista, por ejemplo, uno de Madrid, de entrada tiene que pagar una cantidad importante de dinero por adquirir una licencia para el transporte de viajeros. Antes de la crisis, en la capital de España se ha llegado a pagar hasta 200.000 euros por una y en la actualidad se venden por alrededor de 140.000 euros. Este pago es un coste en el que incurre el taxista, que suele tener que pedir un préstamo para poder afrontarlo y devolver después el dinero. En muchos casos, también, el taxista se financia parte de la pensión con la venta de su licencia cuando llega el momento de la jubilación. Un conductor de Uber, en cambio, no paga licencia alguna, ni incurre en coste alguno de esta naturaleza, al menos por ahora, porque la Comunidad de Madrid ya está hablando de que esos conductores no pueden operar sin licencia de transporte. De momento, sin embargo, el conductor de Uber no tiene que afrontar ese gasto.
El propietario de un taxi también debe hacer frente a otros pagos adicionales. Se trata, por un lado, de las cotizaciones como trabajador autónomo a la Seguridad Social y a la mutua laboral y, por otro, del seguro obligatorio de viajeros, además del seguro propio del coche. De todo esto, el conductor de Uber solo afronta el seguro del automóvil, si es que está al corriente de pago de la póliza. Un taxista no puede eludir esta obligación.
Desde el punto de vista fiscal, los conductores de Uber no pagan impuestos porque ninguno de ellos está dado de alta en registro alguno de Hacienda, ni hay forma alguna de controlar sus ingresos por esta actividad porque carecen de taxímetro. Los taxistas, en cambio, están muy controlados fiscalmente. Ahora, el Ministerio de Hacienda está viendo la forma de que los ingresos de los conductores de Uber tributen, como hacen todas las demás personas que se dedican a una actividad económica.
Los conductores de Uber, de esta forma, se convierten en una suerte de competencia desleal para los taxistas en tanto en cuanto no tienen que afrontar los costes a los que se enfrenta el profesional del taxi en el ejercicio de su actividad, al menos por ahora.
Luego está la cuestión de la seguridad. Con Uber, el pasajero nunca sabe quién le va a recoger. El taxista, en cambio, está obligado a que su licencia se encuentre en lugar visible para que el cliente siempre pueda identificar al propietario del vehículo. Si tiene algún problema, el pasajero siempre puede presentar una denuncia ante el ayuntamiento. Además, tanto los taxistas como los conductores que contratan tienen la obligación de pasar un examen psicotécnico y demostrar que no tienen enfermedades contagiosas, si quieren obtener la licencia. También tienen que pasar un examen de conocimientos sobre la ciudad en la que trabajan y, en muchos casos, se les exige estar en posesión de un título de enseñanza secundaria. En cambio, cualquiera puede ser conductor de Uber.
