Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer han renunciado a pedir al Estado una indemnización de 4,64 millones de euros por los daños morales y económicos que les causó la condena del 'caso Urbanor', anulada por el Tribunal Constitucional por considerar prescritos los delitos que se les achacaban.

Según fuentes jurídicas, los dos primos dieron este miércoles orden a sus abogados de retirar la demanda de responsabilidad patrimonial que presentaron el 25 de junio pasado ante el Ministerio de Justicia y que este miércoles ha desvelado EL MUNDO. Este jueves presentarán ante el Ministerio de Justicia un escrito para solicitar su retirada.

'Los Albertos' argumentaban en su demanda que, desde que el Tribunal Supremo confirmó su condena en marzo de 2003 por el "caso Urbanor" hasta que el Constitucional la anuló en febrero de 2008, han sufrido numerosos perjuicios que exigen reparación, ya que existió un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Según la demanda, los primos "han aparecido injustamente considerados como responsables criminales de unos hechos concretos, durante más de un lustro", lo que tiene "un componente esencialmente moral, que no ha afectado sólo a su esfera patrimonial sino, sobre todo, a la esfera personal, social y profesional".

"LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACONSEJA SU RENUNCIA"

En una nota emitida esta noche sobre los motivos de su renuncia, se explica que "los dos empresarios entienden que la situación económica general y la de las finanzas del Estado en particular aconsejan su renuncia a pesar de los graves perjuicios económicos y morales sufridos", subraya el comunicado.

Según la comunicado, la decisión se tomó "a la vista del informe negativo que ha emitido el Consejo General del Poder Judicial, que ha desestimado la presunción de anormal funcionamiento de la Justicia, aunque sí ha admitido la posibilidad de error judicial".

La demanda recibió este martes un informe desfavorable del CGPJ, que es preceptivo en todas los casos de demandas de responsabilidad patrimonial del Estado por mal funcionamiento de la administración de justicia.

El CGPJ desestimó la presunción de anormal funcionamiento de la Justicia, aunque sí admitió la posibilidad de error judicial. En consecuencia, los dos empresarios renuncian tanto a que se pronuncia el Ministerio de Justicia, que podría llegar a admitirla pese a ese informe, como a la posterior vía contencioso como a la posterior vía contencioso-administrativa, a la que en caso de denegación tendrían derecho.