La Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) asegura que la desigualdad entre los trabajadores ha aumentado un 14% entre 2007 y 2012, según consta en el último número de Papeles de Economía, titulado ‘Gasto Público en España: presente y futuro’, donde la fundación analiza los principales retos del país en materia de gasto público.
En concreto, en el capítulo dedicado al gasto social, Eduardo Bandrés advierte de que el crecimiento de la desigualdad en España durante los últimos años se ha situado a la cabeza de Europa sin que las políticas públicas, y en especial el sistema de impuestos y transferencias, hayan sido capaces de compensar los efectos negativos de la crisis sobre la distribución personal de la renta. Aunque se observa que la desigualdad entre los pensionistas es prácticamente igual que antes de la crisis, la correspondiente a quienes se encuentran en edad de trabajar ha aumentado un 14% entre 2007 y 2012, muy por encima del segundo país de la muestra seleccionada en que más creció, Italia, con un 6,5%. Según la fundación, la causa principal del aumento de la desigualdad ha estado en el mercado de trabajo, tanto por el crecimiento del desempleo, como por la mayor intensidad de la reducción de los salarios entre los trabajadores con menores oportunidades de empleo y situados en la escala inferior de ingresos. En el nuevo número de la revista, Funcas resalta la necesidad de modernizar las estructuras de presupuestación y gestión del gasto público, reformando las instituciones de supervisión y evaluación, con auditorías de gestión y un nuevo modelo de control financiero. A su parecer, la falta de una cultura de evaluación de la rentabilidad económica y social se ha manifestado «especialmente» en las infraestructuras, donde considera «necesaria» una medición adecuada del impacto de la inversión pública de forma individual, es decir, proyecto a proyecto. Sobre la sanidad, propone la creación de una agencia especializada que priorice y ordene el catálogo de prestaciones sanitarias y realice una evaluación económica de las innovaciones en el sector de la salud, mientras que en la educación se requerirá un mayor gasto en términos de PIB y mayor eficiencia en su asignación, ante los «deficientes resultados» que se han obtenido al comparar la eficiencia a nivel europeo. Según Funcas, aprovechar el margen de mejora en la eficiencia del gasto es una tarea «obligada» si se cumplen los objetivos fijados para el gasto público hasta 2018 y la reducción del déficit y la deuda para 2020, que supondrán que los recursos permanecerán prácticamente congelados en términos nominales y que se producirán reducciones sustanciales en términos de PIB. Pablo Hernández de Cos, Enrique Moral-Benito y Javier J. Pérez analizan la evolución del empleo y los salarios de las Administraciones Públicas durante la etapa de consolidación fiscal y aseguran que cerca del 60% del ajuste en 2010-2014 recayó en la contracción del salario real de los empleados públicos, mientras que el 40% restante se produjo a través de la reducción del empleo público per cápita. LOS PROBLEMAS DE LA SANIDADGuillem López i Casasnovas y Beatriz González analizan el sistema sanitario y explican que España tiene varios frentes interconectados que tensionan su sanidad, como los déficits de gobernanza, incentivos inadecuados que no fomentan la responsabilidad y la falta de un modelo consensuado que articule lo público y lo privado.
Finalmente, el artículo de Ramon Xifré y Yulia Kasperskaya se centra en el «preocupante estado» del sistema de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en España y sus problemas de competitividad para captar recursos ajenos y apuestan por la creación y puesta en marcha de la Agencia Española de Investigación, una iniciativa contemplada en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pero que no ha progresado.
