La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, considera que el dato del INE que muestra que el 28,6% de los habitantes de España está en riesgo de pobreza o exclusión social refleja el «fracaso» de las políticas económicas llevadas a cabo por el Gobierno y constata que la recuperación económica «no existe».
En un comunicado, Barrera señala que «ésta debería ser la verdadera encuesta que preocupe a los políticos, de cara al próximo debate electoral, y no las de intención de voto». En esta línea, considera que los datos refuerzan la exigencia sindical de la existencia de una prestación de ingresos mínimos, establecida por ley. Precisamente los sindicatos presentarán mañana en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 700.000 firmas. Asimismo, Barrera ha dicho ver «particularmente grave» que la pobreza haya crecido casi un punto en un año entre los mayores de 65 años, especialmente porque con sus pensiones están «dando soporte y cohesión al tejido social de este país», en el que más de 700.000 familias no perciben ningún ingreso y 1.610.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT ha afirmado que este empobrecimiento de los pensionistas se debe sobre todo a la reforma del Gobierno del PP sobre la Ley de Seguridad Social en 2013 que obligó a la jubilación «forzosa» a los desempleados de 55 años, suponiendo en la práctica «un recorte indiscriminado en las pensiones de hasta un 20%». De igual forma, ha criticado que el Gobierno no tenga en cuenta lo que son los umbrales de pobreza a la hora de establecer tanto el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como los subsidios, las prestaciones por desempleo o las pensiones. «España es el país de la UE con mayor número de trabajadores pobres, y donde las mujeres perciben de media una prestación por desempleo que está en el umbral de la pobreza», que crece también entre los pensionistas, quienes han perdido poder adquisitivo (hasta un 4% entre los que cobran pensiones más altas), ha apuntado.
