Los sindicatos CC.OO. y UGT registrarán manaña ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración y resto de administraciones públicas el preaviso de huelga general para el 29 de septiembre, dos días antes de que se apruebe definitivamente la reforma laboral en el Congreso de los Diputados.

El quiebro en el discurso del Gobierno, las últimas medidas para reducir el déficit y la criticada reforma laboral son las principales causas del enfado de los sindicatos, que convocaron el paro el pasado 15 de junio, un día antes de que el Ejecutivo aprobara la norma por decreto en el Consejo de Ministros.

El malogrado diálogo social obligó al Gobierno a romper las negociaciones con patronal y sindicatos el pasado 10 de junio, tras una reunión de más de diez horas en la que fue imposible acercar unas posturas distanciadas desde hace meses.

Apenas seis días después, el Gobierno aprobó por decreto una reforma que finalmente acabó por extender el uso del contrato de fomento del empleo estable, con una indemnización de 33 días por año trabajado, y modificar las causas económicas del despido objetivo, facilitando a las empresas las indemnizaciones de 20 días en tiempos de crisis.

Estas modificaciones son las que menos gustaron a los sindicatos, que desde el principio han considerado la norma "lesiva" para los derechos de los trabajadores y contraproducente para avanzar en la recuperación económica.

El malestar sindical creció al paso de la reforma por el Congreso, donde el PSOE pactó con el PNV el endurecimiento de la concreción de las causas económicas del despido objetivo y aceptó la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas, entre otras cosas.

Los cambios del Senado tampoco gustaron a las centrales sindicales, sobre todo la reducción de 100 a 30 días del 'periodo de gracia' con el que cuentan los trabajadores para rechazar cursos de formación sin ser penalizados, un cambio que el PSOE logró pactar con todos los grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular.

ULTIMO TRAMITE DE LA REFORMA.

Ahora, la reforma tiene que atravesar un último trámite el jueves, dos días después de que los sindicatos registren el preaviso de la primera huelga general convocada al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha perdido la confianza de Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.

Pero no será hasta finales de mes cuando Zapatero tenga que hacer frente a una huelga que ha intentado evitar a toda costa, ya que los sindicatos prefirieron dejarla para después del verano. Sí coincidirá con la presentación de los Presupuestos del año que viene, uno de los retos más importante del Ejecutivo socialista, que también ha perdido apoyos en el Parlamento.

Además, coincidirá también con los últimos días de Celestino Corbacho al frente del Ministerio de Trabajo, ya que abandonará el Departamento que dirige desde 2008 para acompañar a José Montilla en las listas del PSC, después de haber sido duramente criticado.

QUINTA HUELGA GENERAL.

Esta es la quinta huelga de 24 horas de la historia de España y la cuarta que se convoca a un Gobierno socialista. La primera huelga se celebró en el año 1985 durante el Gobierno de Felipe González por la ley de Pensiones que, entre otras cuestiones, aumentaba el período de cálculo de las pensiones de 2 a 8 años.

La segunda se celebró en 1988 cuando también gobernaba Felipe González aunque, en esta ocasión, los trabajadores pedían la retirada del plan de empleo juvenil. En 1994 y debido a la reforma laboral, se convocó la última huelga general durante el mandato de González.

En el año 2002, CC.OO. y UGT convocaron el último paro general celebrado en España. En esta ocasión, los sindicatos protestaban por las medidas de reforma de la protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo aprobadas por el Gobierno de José María Aznar.

Además de las huelgas, en los años 1978 y 1992 se celebraron dos paros de una hora y de media jornada, respectivamente. En 1978 los sindicatos salieron a la calle motivados por una convocatoria europea, mientras que en 1992 fue el recorte de las prestaciones por desempleo propuesto por Felipe González lo que provocó el paro.