El PSOE sabrá los motivos por los que ha decidido no volver a designar a Monteseirín como candidato a la alcaldía
Un dirigente socialista de Camas y ex concejal del PSOE en este Ayuntamiento sevillano aparece como intruso en un expediente de regulación de empleo (ERE) financiado por la Junta de Andalucía.
Se trata de José Antonio García Prieto, secretario de Política Municipal del PSOE de Camas, cuyo secretario general sigue siendo el ex delegado de Empleo en Sevilla e imputado por el caso Mercasevilla, Antonio Rivas.
Con éste son ya seis los cargos o dirigentes socialistas incluidos de manera fraudulenta en los ERE incentivados con fondos públicos.
García Prieto se une a una lista que se inició con Antonio Garrido Santoyo, dirigente del PSOE de Baeza (Jaén), prejubilado en Mercasevilla, y que después se amplió al conocer los casos de César Braña, el ex diputado socialista y ex gobernador civil en Cádiz y Burgos, ya fallecido, incluido en el ERE de Hitemasa; Rafael Rosendo Villavieja, ex alcalde de El Pedroso (Sevilla), prejubilado en Cydeplast; Juan Ro- dríguez Cordobés, ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla, prejubilado en Calderinox, y Alejandro Millán, en Graficromo.
AVAL A LA CORRUPCIÓN
Por cuarta vez, la mayoría socialista del Ayuntamiento de Sevilla, con el imprescindible voto de calidad de su alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha vetado la creación de una comisión de investigación sobre los muchos desmanes que, en forma de corrupto amiguismo se han cometido en la gestión de la venta de los terrenos de Mercasevilla.
El PSOE sabrá los motivos por los que ha decidido no volver a designar a Monteseirín como candidato a la alcaldía.
Pero su descrédito personal, su pésima gestión política y su permisividad ante una corrupción creciente en su Ayuntamiento tendrán mucho que ver.
EL DOGAL JUDICIAL
El Juzgado de lo Social número cuatro de Sevilla ha fijado para el 24 de junio la vista oral relativa a la demanda promovida por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), para reclamar a 18 de los empleados de Mercasevilla prejubilados en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007, de cuyas prestaciones se desliga la Consejería de Empleo, el reintegro de las cuantías percibidas con cargo al subsidio de desempleo.
El INEM pide la reversión de estas partidas ajenas a las propias prejubilaciones al contabilizar estas últimas como rentas, mientras los prejubilados promueven demandas para reclamar los «compromisos» de pago contenidos en dicho ERE, cuyo coste se eleva a 9.046.976, 95 euros.
