Se veía venir, pero no se esperaba que fuera tan pronto y tan evidente. Pero lo cierto es que la bicefalia económica que Rajoy decidió para el Gobierno, intentando contentar a los mercados y al partido, se ha convertido en una guerra abierta entre los ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha abierto su último frente en la reforma laboral.

A pesar del acuerdo de urgencia alcanzado en la noche del lunes entre CEOE y lo sindicatos mayoritarios, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntaba ayer en el Congreso que la reforma laboral no irá este viernes al Consejo de Ministros.

Un aplazamiento que choca con la exigencia planteada por los ministros de Finanzas de la zona euro a De Guindos, para que España adelante ese cambio en nuestro mercado de trabajo para reducir una tasa de paro que el comisario de Economía, Olli Rehn calificó de "inaceptablemente alta".

¿Por qué esperar, entonces? Pues, en fuentes próximas al Ejecutivo popular se comenta que, una vez más, las dos cabezas del equipo económico chocan en la reforma de la contratación y el abaratamiento del coste del despido.

Dos temas esenciales para la creación de empleo y de los que la patronal CEOE ha hecho su caballo de batalla.

Explica José María Triper en 'El Economista' que fue, precisamente, el titular de Economía quien abrió el frente cuando en un artículo en The Wall Street Journal apostaba por una reforma laboral que incluya la creación de un "contrato único" de carácter indefinido, que llevaría implícita una indemnización por despido de 20 días por año trabajado, en sintonía con las propuestas de la patronal.

Algo que no ha gustado nada a Cristóbal Montoro, que sí es partidario de simplificar la contratación pero no del contrato único ni de una rebaja del despido a la carta de la patronal. En esta tesis cuenta con el respaldo de la titular de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Las elecciones andaluzas

Ambos han mantenido una colaboración muy estrecha en el equipo económico del PP y en el Congreso durante la última legislatura, y ambos también son diputados andaluces, por Jaén Montoro y Báñez por Huelva. Circunstancia ésta que no ha pasado inadvertida en los cenáculos de la calle Génova.

Porque allí se comenta que detrás de esta "movida" está, como estuvo también en la decisión de no subir el IVA y sí el IRPF, el presidente del PP en Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Javier Arenas.

Un Arenas que también es responsable de la política autonómica y local en la Ejecutiva nacional del PP, y que se opone abiertamente a cualquier medida que pueda ser utilizada por el PSOE como arma arrojadiza y le reste votos en las urnas, ahora que tiene a tiro conquistar el feudo más emblemático del socialismo español.

De momento, las espadas están en alto, y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría -que está siendo la encargada de poner orden- sólo ha intervenido para, de forma ambigüa, asegurar que "la reforma laboral en la que trabaja el Ejecutivo "simplificará el número de contratos".

Sí, pero ¿hasta qué punto? Y ¿cómo afectara al despido?

Las fuentes próximas a La Moncloa afirman que esas incógnitas las despejará el propio Mariano Rajoy que, previendo estas diferencias, decidió asumir la presidencia de la Comisión Ejecutiva del Gobierno para Asuntos Económicos.

Y, "hasta que el jefe no decida seguiremos con la indefinición". Una ambigüedad que se ha trasladado a la ponencia que el Partido Popular presentará en el congreso nacional de febrero.

La ponencia ha sido redactada por el ministro de Industria, José Manuel Soria, y los presidentes autonómicos de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y Extremadura, José Antonio Monago, y en la que en materia de reforma de la contratación se habla, únicamente, de "simplificar la tipología de contratos laborales para reducir la temporalidad y dar estabilidad, flexibilidad y seguridad a las empresas".

Así las cosas, el calendario más verosímil que manejan los responsables del PP es que la reforma laboral no verá la luz hasta la primera semana de febrero. Porque, como dijo la vicepresidenta, será una reforma "cerrada y bien pensada".