Cualquiera que escuchara este 11 de febrero de 2012 a Ignacio Fernández Toxo y a Cándido Méndez hablar sobre la reforma laboral sacría la conclusión de que lo que quiere el Gobierno Rajoy es incrementar el desempleo en nuestro país y llegar cuanto antes a los seis millones de parados.

«Consagración del despido libre», «desmantelamiento del derecho al trabajo», «atropello garrafal»... fueron algunos de los calificativos que emplearon los secretarios generales de los dos principales sindicatos para referirse a una reforma que inaugura un nuevo modelo de relaciones laborales en España.

Méndez llegó a afirmar que el Gobierno se ha comportado como si España «fuera un país intervenido» por la troika -FMI, BCE y Comisión- al dar luz verde a una nueva legislación que lo que pretende es acercar nuestro modelo a los que rigen en nuestros socios europeos.

Como subraya Alfonso Merlos en 'La Razón', no se puede pretender que el Gobierno de Rajoy, en oscura alianza con los empresarios, pretende convertir a los empleados en siervos; echar tierra sobre los derechos laborales más fundamentales, obsesionado con transformar a las personas en mano de obra de usar y tirar.

Lo que ocurre con los sindicatos es que han perdido la calle, la razón y el trasero con el último Gobierno del PSOE. Y van camino de perder las subvenciones.

¿De verdad pasa la solución por más pancarta, más frentismo, más desórdenes y más retórica marxista de lucha de clases? ¿Hemos terminado de perder el juicio?

El malestar de las cúpulas sindicales es notorio. Máxime si tenemos en cuenta que esta reforma elimina buena parte del control que ejercían, junto con la patronal, sobre la negociación colectiva y los presupuestos de la formación profesional.

Y la respuesta ante este malestar no se ha hecho esperar.

No habían pasado ni 24 horas desde que se anunció la reforma y las centrales ya emplazaban a los trabajadores a manifestarse el próximo domingo 19 de febrero en todas las ciudades y a unirse a otra convocada previamente por los sindicatos europeos para el día 29.

Toxo dejó entrever que los sindicatos ya piensan en una huelga general, aunque afirmó que «no vamos a aceptar que sea el presidente del Gobierno el que ponga la fecha que más le convenga» para realizarla.

Los sindicatos quieren acumular pruebas que demuestren que la reforma aumenta el paro para llamar a la huelga general adentrada la primavera o, más probablemente, en el otoño.

Mientras, la normativa se negociará en el Congreso, donde el Gobierno espera contar con el apoyo de CiU -y del PNV-. Así se explica que Duran pidiera este sábado al Ejecutivo que regulara el derecho de huelga.

Los sindicatos están en su derecho de responder de la forma que quieran a esta reforma, pero hay que apelar de nuevo a su responsabilidad.

Ha llegado el momento de que dejen atrás esos caducos planteamientos proteccionistas de los trabajadores fijos que tanto han contribuido a la expulsión del mercado de trabajo a los empleados con contrato temporal.

Deben apostar por un modelo de relaciones laborales eficaz en una sociedad abierta y dinámica, en el que las empresas españolas compiten en todo el mundo.

Viene al pelo recordar también está obligada a hacer un 'lifting' -por las buenas o por las malas- la patronal CEOE.

CEOE, incluidas las confederaciones territoriales y sectoriales (tipos de agrupaciones en que está dividida la patronal), mueve al año 587 millones de euros, de los que el 70% llegan en forma de subvenciones y a cuenta del sufrido contribuyente español.

La cifra marea si se tiene en cuenta que es más del doble del presupuesto con el que cuentan en este año el Congreso de los Diputados y el Senado juntos. Y Rosell, por mucho que sonría, tendría que tenerlo siempre presente.

Volviendo a Toxo y Méndez, mientras en España la cifra de parados sigue creciendo (ya van más de 5,4 millones), los sindicatos, que se supone son los defensores de los trabajadores, no han tenido problema en recibir millonarias subvenciones para proyectos de todo tipo, por muy alejados que estuvieran de sus competencias.

Sólo en la última Legislatura del PSOE, las arcas sindicales se llenaron con, al menos, 1.057 millones de euros, una cifra que se reducirá con el recorte anunciado por el PP, que será de un 20 por ciento. Y aun así, seguirán obteniendo ayudas muy jugosas (perderán, de media, 55 millones anuales).

Tienen que olvidarse de la demagogia. CCOO, UGT y CEOE.

Fue sonrojante oír a Méndez ayer decir que con esta reforma «los ricos cada vez serán más ricos, los pobres más pobres y habrá un deterioro progresivo de la clase media», cuando, con la crisis, el modelo laboral que él defiende ha generado más de cinco millones de parados y casi un millón y medio de hogares que tienen a todos sus miembros en el desempleo: eso sí que es un deterioro real de la clase media.