El Gobierno de Mariano Rajoy pondrá todos sus esfuerzos en sacar adelante dos medidas, a su juicio imprescindibles, en la negociación con los sindicatos que mantendrá próximamente en el seno de la Mesa General de la Función Pública.

La prioridad del Ejecutivo popular en este ámbito pasa por reducir el ejército de liberados sindicales, ya sean a tiempo parcial o completo, que cobran del erario público en la Administración General del Estado (AGE).

Según informaron fuentes gubernamentales, después del incompleto traspaso de poderes del 20-N, se están recopilando datos sobre la cifra real de liberados sindicales desplegados en los distintos ministerios y empresas estatales, ya que el oscurantismo al respecto es manifiesto desde que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero situara oficialmente el número de estos representantes de los trabajadores en 4.200.

La pretensión del Gobierno de la Nación pasa por acometer en su ámbito de actuación el ajuste que ya han puesto en marcha diversas comunidades autónomas bajo el mandato del PP, recalcaron las mismas fuentes.

De este modo, Moncloa dará acogida en buena parte a una de las principales reivindicaciones de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en la relación con los sindicatos, y que el propio Rajoy valoró positivamente cuando era jefe de la oposición.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, reveló el pasado febrero que la reducción a casi la mitad de sus liberados sindicales, al pasar de los 3.464 que había antes del 1 de septiembre de 2011 -todos a tiempo completo- a 1.846 (de ellos, 712 están exentos de acudir a su puesto de trabajo), ha supuesto un ahorro de 72 millones de euros.

Por su parte, el Ejecutivo aragonés que preside Luisa Fernanda Rudi, el último Gobierno regional del PP en dar este paso, quiere reducir los 244 liberados sindicales de esta Administración para ahorrar hasta dos millones de euros, según datos del departamento de Hacienda de esta comunidad.

Asimismo, el Gobierno de Rajoy apostará fuerte en la Mesa General de la Función Pública por uno de los puntos recogidos en el último borrador enviado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas a diferentes organismos de la Administración del Estado, "para que hagan sus observaciones oportunas" sobre determinadas pautas a seguir en la ordenación del tiempo de trabajo del personal al servicio de la AGE y sus organismos públicos.

Tal y como consta en el documento, al que ha tenido acceso este diario, el Ejecutivo intensificará la lucha contra el absentismo, incluido el motivado por problemas de salud. "La inspecciones de servicios departamentales promoverán programas de cumplimiento de la jornada de trabajo debida", subraya el texto.

Respecto a la posibilidad de alargar 30 minutos el horario de los funcionarios, dichas fuentes gubernamentales auguran "difícil" su implementación por la "presión sindical".

NOTA.- ler artículo original en 'La Gaceta'