Los funcionarios se han convertido en uno de los eslabones más débiles de la cadena de la que tira el Gobierno para tratar salir de la crisis financieras. El colectivo acumula recortes en sus nóminas y mermas en sus derechos laborales.

El disgusto de este sector se ha multiplicado esta semana tras el anuncio del Gobierno de que suspenderá la paga extraordinaria de Navidad y reducirá los días libres a los funcionarios, según anunció el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el pasado viernes tras el Consejo de Ministros.

Pero, como explica Jesús Sérvulo González en 'El País', el real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad publicado este 14 de julio de 2012 en el Boletín Oficial del Estado contenía más malas noticias para los 2,7 millones de funcionarios, personal laboral, eventuales e interinos de la administración.

La paga de Navidad, que el Gobierno se había comprometido a compensarla en 2015 mediante un ingreso en el fondo de pensiones, queda ahora en el aire.

Es decir, el decreto sostiene que la extra de diciembre solo se devolverá si el Gobierno cumple los objetivos fijados en la Ley de estabilidad. Y no hace alusión a ninguna fecha.

Es decir si el Gobierno logra llevar a cabo el ajuste de 65.000 millones en las las cuentas públicas y consigue controlar la desviación presupuestaria.

"Las cantidades derivadas de esta supresión podrán destinarse en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación, siempre que se prevea el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria".

La medida afectará a todos los trabajadores contratados por la administración pública.