A una media de 50.000 euros por asesor, asistente o secretaria hablaríamos de más de 1.000 millones de euros al año
Libertad Digital subraya que no existe un registro capaz de determinar claramente cuántos enchufados hay en las Administraciones en el reportaje ‘Dedocracia’, el chollo de los enchufados en la Administración Pública.
Al fin y al cabo, España no solamente mantiene una Administración central sino 17 gobiernos y parlamentos paralelos, más de 8.000 ayuntamientos y decenas de instituciones intermedias como las diputaciones, los consejos, los cabildos, las mancomunidades o los consorcios.
Si a todo esto le unimos los miles de entes y empresas públicas que dependen de la Administración, el cálculo se hace aún más opaco.
El sindicato de funcionarios CSI-F estima que los contribuyentes mantienen entre 18.000 y 20.000 enchufados.
¿El coste? A una media de 50.000 euros por cabeza, hablaríamos de más de 1.000 millones de euros anuales.
La Ley de Administración Local que prepara el Gobierno de Rajoy apenas aspira a ahorrar 145 millones de euros en asesores. Su aplicación se ha retrasado ya más de año y medio, y no parece que vaya a estar lista antes de final de año, por lo que el tímido ajuste se empezaría a notar en 2014.
Según el proyecto, los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes se quedarían prácticamente sin asesores. En urbes más grandes, habrá un cupo equivalente al 0,7% de la plantilla.
En la práctica, esto supondría reducir a menos de 7.000 personas el número de enchufados, una rebaja notable frente a los números que hoy se manejan (18.000 a 20.000), pero insuficiente a todas vistas.
Por ejemplo, si sale adelante la ley, el Ayuntamiento de Madrid apenas tendría que rebajar su plantilla de colocados desde los 213 hasta los 203, un ajuste casi insignificante.
Entre los empleados que entran en esta categoría susceptible de ajuste está Ángel Carromero, el joven condenado en Cuba por el polémico fallecimiento del opositor a la dictadura Oswaldo Payá. Carromero cobra 50.000 euros al año y, a sus 27 años, ni siquiera ha terminado la carrera…
Otro problema de esta ley es que no afectaría a las comunidades autónomas, que retendrán competencias en este sentido y podrán mantener en pie situaciones como las que hemos comentado en párrafos anteriores.
Quizá se podría usar el Fondo de Liquidez Autonómica para obligar a comunidades como Andalucía a recortar o eliminar su administración paralela, pero de momento esto no se ha hecho y los colocados siguen en sus puestos.
También es cierto que el mismo gobierno que exige estos tímidos ajustes no ha aplicado ningún ejercicio serio de reducción de asesores. Los cargos de confianza apenas sufrieron una poda del 1,2% en el primer año de Rajoy, pasando de 853 a 842.
La oficina del Presidente emplea a 245, de los que 68 no tienen el graduado escolar. Por su parte, el Ministerio de Hacienda mantiene a 163 colocados, dos más que en 2012.