La disminución de la demanda y el aumento de la oferta de titulaciones dan como resultado que el personal crezca de forma "sostenida"
El Tribunal de Cuentas ha constatado una relevante disminución de la media de alumnos por profesor y de la media de créditos impartidos en las universidades públicas españolas, lo que refleja, a su juicio, un «sobredimensionamiento» de los docentes universitarios
En el Informe Global del Sector Público Autonómico 2010-2011, aprobado por el Tribunal de Cuentas el pasado 29 de mayo, se afirma que en los últimos años destaca «la persistencia» de todas las universidades en el «continuo y creciente» desarrollo de sus ofertas de enseñanza.
Ello conduce, según el documento, a «universidades idénticas pero de distinto tamaño» que, unido a la acusada especialización del personal docente, hace «más preciso y necesario» un detallado análisis de la incorporación de nuevas titulaciones.
Advierte el Tribunal de que la disminución de la demanda y el aumento de la oferta de titulaciones dan como resultado que el número de Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal Docente e Investigador (PDI) no sólo no disminuye, sino que crece de forma «sostenida».
EL COSTE
Además, se ha comprobado que el coste de personal en el que incurren algunas universidades sobrepasa el coste autorizado por las comunidades en sus leyes de presupuestos.
En torno al 75% del gasto corriente de la Universidad se refiere a gastos de personal, recuerda esta institución, y por ello ha requerido obtener crecientes recursos financieros, proporcionados básicamente por el contribuyente. Por otra parte, en algunas universidades, el Tribunal de Cuentas ha detectado que profesores a tiempo completo ocupan, además del puesto de trabajo en éstas, cargos de dirección en otras entidades de carácter público, incumpliendo la ley de incompatibilidades.
Y, en determinados supuestos, se abonan al personal importes por conceptos, incentivos y ayudas «carentes de cobertura legal». Cuestiona a las comunidades autónomas En otro informe, el Tribunal de Cuentas cuestiona los presupuestos de las comunidades autónomas en materia sanitaria y detecta una «permanente insuficiencia estructural» para dar cobertura a los gastos de cada ejercicio a pesar de conocer el gasto real de los años anteriores.
Esta advertencia consta en el informe de fiscalización del sector público autonómico en los años 2010 y 2011 realizado por el Tribunal del Cuentas, que aprecia un «paulatino incremento» de la consignación de compromisos de gasto con cargo a años futuros, lo que podría «distorsionar la sostenibilidad» del sistema sanitario.
El órgano auditor critica que las comunidades no sólo presupuesten de forma insuficiente, sino que además recurran de forma periódica a generar gasto que excede lo consignado en los presupuestos.
Esta forma de presupuestar ocasionó un problema de tesorería «de tal magnitud» que a finales de 2011 el Gobierno central tuvo que poner en marcha el mecanismo extraordinario de pago a proveedores. El informe del Tribunal de Cuentas analiza la evolución de las entidades públicas autonómicas, que entre 2009 y 2011 se redujeron en 86.
En concreto, las empresas públicas pasaron de 637 en 2009 a 602 en 2011, mientras que los organismos autónomos y los entes públicos de derecho administrativo descendieron de 250 a 236. El informe escruta la evolución financiera de las regiones en los dos años fiscalizados, en los que todas terminaron con déficit y en las que su endeudamiento pasó de 70.000 millones de euros a 1 de enero de 2010 a 119.000 millones a finales de 2011.
El Tribunal de Cuentas cuestiona determinados mecanismos de contratación de las autonomías, en concreto la «tendencia cada vez más generalizada» a la utilización de encomiendas de gestión a entidades instrumentales para la prestación de servicios que normalmente se llevaban a cabo mediante contratos públicos.
El auditor apunta que las empresas públicas a las que se realizan las encomiendas carecen de medios para realizarlas, de modo que terminan por contratar con terceros y se limitan a hacer actuaciones de carácter jurídico, como la contratación. Para el Tribunal de Cuentas, con esa práctica se produce una degradación de los requisitos exigibles para la prestación de servicios públicos.
Por ello, considera «cuestionable» la procedencia de esas encomiendas de gestión, convertidas «en meros instrumentos de financiación de la gestión de servicios públicos y de la realización de las obras, suministros y servicios necesarios para el ejercicio de sus competencias por las administraciones públicas».
En materia de contratación, el Tribunal subraya que la justificación de la necesidad de los contratos para los fines del servicio público «no se especifica con un mínimo de concreción razonable» ni se acreditan las necesidades.
Aprecia irregularidades en varios de los expedientes analizados y plantea que en los casos de fraccionamiento de gasto mediante contratos menores se ha puesto de manifiesto la coincidencia en el objeto de las contrataciones, con un importe superior a lo permitido por la ley.
