Siempre pagan el pago los más débiles. Una década después del estallido de la Gran Recesión, la economía española acumula ya cuatro años de crecimiento -los últimos tres, con avances del Producto Interior Bruto (PIB) superiores al 3%-, estamos a las puertas de abandonar el procedimiento de déficit excesivo, el sector exterior exhibe músculo y el mercado laboral genera medio millón de empleos al año, con una lenta pero intensa reducción de la tasa de paro.
Sin embargo, junto a la disminución del abultado endeudamiento público, la recuperación de los salarios sigue siendo la gran tarea pendiente.
Las estadísticas reflejan que el mercado laboral retribuye hoy peor el mismo tipo de trabajo que antes de la crisis. Para muestra, un botón: los sueldos por hora en España se redujeron un 7,6% entre los años 2008 y 2015 (último dato disponible).
Es más, si tenemos en cuenta la evolución de la jornada de trabajo, factor clave de la creciente precariedad en el mercado, la caída de los salarios por empleado alcanza el 12% en ese periodo. Es decir, la disminución del tiempo medio de trabajo explica un descenso de 4,4 puntos del sueldo por empleado.
En ese sentido, si atendemos al tipo de contrato, la devaluación salarial ha sido mucho más marcada para los trabajadores temporales, debido a la reducción de la jornada efectiva para este tipo de relación contractual. Así, los empleados con fecha de caducidad vieron la retribución recortada en su nómina en un 13,5% a lo largo de esos siete años.
Son algunas de las conclusiones del informe Reforma laboral y devaluación salarial en España, elaborado por la Fundación Anastasio de Gracia-Fitel, en colaboración con Syndex Consultores, y presentado el viernes en la sede del Consejo Económico y Social (CES).
El estudio utiliza para estos datos la información de la Encuesta Anual de Estructura Salarial que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que se complementa con otros indicadores como la Encuesta Anual de Coste Laboral, que refleja que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios no se ha dado de manera homogénea entre todos los trabajadores.
En particular, el decil más bajo -el 10% de los empleados con menores ingresos- sufrieron un recorte en la nómina de nada menos que el 22,5% entre 2008 y 2015. Hecho que contrasta con el 40% de los trabajadores con mayores retribuciones, que sí experimentaron un ligero aumento de capacidad de compra, si bien la ganancia fue inferior al 2% para el periodo mencionado.
La desigualdad, una realidad
Mucho se ha hablado en los últimos años sobre la pérdida de ingresos del trabajo por el impacto de la crisis económica que azotó a nuestro país a partir de 2008. Las fuentes estadísticas son diversas y suelen arrojar resultados contrarios. Pero, de cualquier manera, la devaluación salarial se hace evidente para los asistentes a la presentación del informe en Madrid.
Entre ellos, para el presidente del CES, Marcos Peña, quien se mostró preocupado por una «caída de los sueldos que afecta al funcionamiento total de la economía».
«La desigualdad es una realidad en España y un sistema que produce desigualdades no es eficiente», dijo Peña, quien reivindicó la labor de la negociación colectiva para mejorar la eficiencia, la competitividad y la convivencia en nuestro país.
A la vista de los datos, el director de la Fundación AG-Fitel, Félix González Argüelles, expresó que el «fuerte ajuste» que ha sufrido la sociedad española en sus nóminas se debe a un modelo productivo «enfermo», que padece una «debilidad estructural» que, a su vez, aboca a una excesiva temporalidad y parcialidad, sobre todo de carácter involuntario.
No en vano, el 61% de los trabajadores contratados a tiempo parcial desearían trabajar a jornada completa, según la Encuesta de Población Activa.
El informe, elaborado por Natalia Arias y José Serrano, consultores de Syndex, responsabiliza directamente a la reforma laboral introducida por el Partido Popular en el año 2012 de la devaluación salarial «como mecanismo de competitividad externa de la economía».
El documento señala que la ley alteró el marco de las relaciones laborales, «abaratando y facilitando el despido» y otorgando mayor poder a los empresarios en detrimento de los trabajadores al «descentralizar» la negociación colectiva.
En la sala abundaron las voces que apostaron por derogar la reforma laboral de 2012, «la más trascendente desde el Estatuto de los Trabajadores».
Pero «debajo de los adoquines, no está la arena de la playa», apostilló el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez, en referencia a la necesidad de elaborar un marco para sustituir esta ley con la urgencia de recuperar el convenio colectivo de ámbito sectorial como máxima prioridad.
