Cientos de miles de agricultores de todos los colores políticos tomaron este sábado el centro de Madrid para exigir al Gobierno medidas urgentes para frenar el desmantelamiento y la destrucción de empleo que sufre el campo español.

Con gritos de «¡Basta ya!» y «Zapatero, dimisión», medio millón de agraviados -entre los que había desde pequeños productores a terratenientes- unieron sus fuerzas, por primera vez en la historia, en una manifestación sin precedentes.

«Si el presidente del Gobierno no va hacer nada por el campo que se vaya».

Los agricultores, además, pidieron la dimisión de la ministra de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural, Elena Espinosa, y la restitución del Ministerio de Agricultura.

«Aquí, cuando el campo más lo necesitaba, el Gobierno va y elimina la cartera de Agricultura. Es incomprensible e indignante».

La pasividad del Gobierno ha hecho incluso estallar al sindicato agrario ligado a UGT y al PSOE, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que se ha unido también a la protesta.

LA FUERZA DEL TRACTOR

Los actos de protesta -a los que se sumaron líderes del PP como María Dolores de Cospedal y Arias Cañete- adquieren mayor relieve si se tiene en cuenta que, por primera vez, se han unido los sindicatos COAG, UPA y Asaja, las cooperativas, regantes y todas las asociaciones agrarias de España.

«El campo se arruina, exigimos soluciones», denunciaba una gran pancarta.

El eslogan no es alarmista porque es cierto que, según datos oficiales, se han destruido 124.000 empleos en el sector en los últimos cinco años.

En el mismo periodo, los costes de producción han crecido un 34% mientras que los precios han permanecido prácticamente estables. Como consecuencia, la rentas rurales han bajado un 26%.

UN PANORAMA DESOLADOR

El panorama agrario es sencillamente desolador por diversas razones.

La primera es la baja competitividad de algunos sectores productivos, que además tienen excedentes y subsisten gracias a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

A los problemas estructurales del sector, se suma la irracionalidad del sistema de distribución, que provoca que el precio de venta al público sea a veces cinco veces superior al pagado en origen.

Los agricultores se ven obligados a vender sus cosechas a precios de miseria, que en ocasiones no cubren los costes de producción, como está sucediendo con la patata y los productos hortofrutícolas.

El Gobierno Zapatero se comprometió a eliminar los abusos en la distribución, pero nada ha hecho.

UN AVISO SERIO

Más que los sondeos, en los que va inexorablemnte hacia abajo, lo que debería preocupar a Zapatero es la imagen, cada día más extendida entre los ciudadanos, de Gobierno agotado, desautorizado y sin margen de maniobra.

La protesta de los agricultores cuenta con la simpatía y el respaldo de la opinión pública, que entiende las quejas de un sector afectado por la caída de precios de sus productos -en contraste con los aumentos de los precios finales-, la despoblación del ámbito rural, la competencia, para ellos desleal, procedente de mercados foráneos y la falta de un apoyo institucional visible y eficaz en Bruselas.

Es cierto que el desarrollo del mercado agrícola no puede sostenerse indefinidamente con ayudas públicas, pero hay aspectos de las quejas de sus organizaciones que sí deben ser atendidos, porque tienen más que ver con el injusto perjuicio que sufren los agricultores con el desplome de los precios, con el beneficio que se concentra en intermediarios y distribuidores y con la sensación de desamparo que viven.

Otros países europeos se han preocupado por proteger su sector agrícola, imponiendo sus condiciones para las políticas comunitarias. Aunque no todas lo son, muchas demandas de los agricultores son, por tanto, justas.

El problema de fondo sigue siendo doble: la gravedad de la crisis y la impotencia del Gobierno socialista para enderezar el rumbo con prontitud.

UN EJECUTIVO PARALIZADO

El Ejecutivo socialista ya no resuelve problemas y le surgen otros nuevos constantemente, en un contexto de evidente falta de autoridad para liderar pactos y acuerdos entre agentes sociales y económicos, para inspirar confianza a quienes, como los agricultores que coparon el centro de Madrid, la necesitan para tener expectativas a corto o medio plazo y dar un sentido a sus sacrificios actuales.

Pero cuando los esfuerzos que pide un gobierno son baldíos, los ciudadanos dejan de creer en él y se inicia así un proceso, normalmente imparable, de cambio político.