La opinión pública, y sobre todo los políticos que dirigen ahora nuestra vida económica, parece que no habían entendido que existía una seria amenaza para nuestro sistema de pensiones. Aun recuerdo cuando participé en el trabajo de equipo, dirigido por el profesor Barea, que produjo el libro Pensiones y prestaciones por desempleo editado por la Fundación BBV en 1996.

En él señalábamos los riesgos que acechaban a nuestro sistema de pensiones, al estar basado en un sistema de reparto, al haber iniciado nuestra demografía un fuerte proceso de envejecimiento y por existir serias dudas de que España fuese capaz, hacia el siglo XXI, de mantener altos ritmos de crecimiento.  Se nos consideró poco menos que como pájaros de mal agüero y que debíamos ser silenciados.

Algo más adelante, cuando nos convocaron a Barea y a mí unos jubilosos firmantes del Pacto de Toledo, que creían haber descubierto la piedra filosofal para mantener el sistema de pensiones existente por los siglos de los siglos, observamos con qué escepticismo recibieron nuestra críticas, sobre aquello que, en realidad, era un simple armisticio dentro del debate sobre qué hacer con nuestro Estado de bienestar.

Éste se encuentra, todo él, en una seria crisis. Como es sabido, sus cuatro pilares fundamentales son las pensiones, la asistencia sanitaria, la atención a los parados y la ayuda familiar. Los tristes restos actuales de ésta pueden verse muy bien expuestos en un trabajo de Mª Teresa López López y Mónica Gómez de la Torre del Arco para la Fundación Acción Familiar, editado en octubre de 2009.

La atención a los parados se ha convertido en una carga cada vez más intolerable para el gasto público. La asistencia sanitaria sufre la crisis diagnosticada por Rodríguez Vigil. Y he aquí que en medio de todo esto salta a la arena el asunto de las pensiones.

Con la crisis, cae la recaudación del régimen de reparto que consiste, realmente, en un impuesto sobre el volumen de salarios, al disminuir el empleo. El envejecimiento y la crisis empujan hacia un incremento de los pensionistas. Si para equilibrar el sistema, aumentamos las cotizaciones sobre las empresas, éstas perderán competitividad, con lo que se verán empujadas hacia la desaparición.

Si para impedirlo se impulsa el gasto público, el déficit presupuestario, que ya supera ampliamente, en tasa anual, el 10% del PIB, originará un alud de deuda pública que, a través del denominado “efecto expulsión”, rebajará la actuación de las empresas privadas, con lo que se acentuará la crisis, y el paro se disparará.

Simultáneamente, como nos recordó hace ya bastantes años Feldstein, la deuda pública ha de aumentarse en todo lo que significa esa seguridad de un incremento de las pensiones en un próximo futuro, con lo que el hundimiento de sus cotizaciones en los mercados financieros está garantizado.
 Lo tremendo de lo señalado es que, por no haberse planteado antes la solución, caerá ahora sobre las espaldas de los menos acomodados.

*Juan Velarde Fuertes, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

NOTA. Este artículo ha sido originalmente publicado en La Gaceta.