De nuevo el Gobierno ha jugado con las apariencias e ignorado la gravedad de la situación al dejar pasar una oportunidad para tomar una de las iniciativas, la reforma del mercado de trabajo, que se le vienen reclamando insistentemente por organismos internacionales y organizaciones empresariales.

Este viernes, el Consejo de Ministros no aprobó reforma laboral alguna, sino una serie de líneas generales -mejor cabría decir «genéricas»- que fueron la excusa para que Rodríguez Zapatero organizara un acto de presentación con empresarios y sindicatos.

Mucha propuesta, pero pocas medidas concretas, quizá porque la necesidad apremiante de dar confianza a los mercados cedió el paso a la necesidad apremiante de combatir las encuestas con apariencia de movimiento sin compromiso.

Habría bastado para cambiar la percepción de confusión que ahora transmite que el Gobierno hubiera aplicado a la reforma laboral el mismo empeño y diligencia que demostró ayer con los controladores aéreos, zanjando sus protestas por Real Decreto-Ley, que es un mecanismo de legislación excepcional y urgente.

Parece, sin embargo, que el problema que plantean unas docenas de controladores -siendo grave y costoso como es- resulta de mayor entidad que el que tienen millones de trabajadores y parados.

El rescate bancario y el plan de obras locales también merecieron un Real Decreto-Ley.

Más de cuatro millones de parados y una tasa de desempleo de 18,8 por ciento son razones suficientes para no esperar más a que sindicatos y empresarios se pongan de acuerdo.

Si con dos años de recesión -ayer se confirmó que el PIB del último trimestre de 2009 también fue negativo- el diálogo social no ha dado frutos, la responsabilidad de no introducir reformas en el sistema laboral es del Gobierno.

Con el gesto de ayer -sólo eso, un gesto- el Ejecutivo quiere traspasar la carga de la reforma del mercado de trabajo a los agentes sociales, que no responden democráticamente ante los ciudadanos, ni se someten a la publicidad del Parlamento.

Ganar tiempo parece la consigna de un Gobierno decidido a no tomar decisiones ingratas. El Ejecutivo no ha aprendido de sus propios errores y ya no sirve refugiarse en el argumento de que sus repuestas se producen al ritmo de los acontecimientos, porque la reforma laboral es una iniciativa que se le ha venido reclamando desde antes de que comenzara la crisis.

Y hoy el paro es un problema mucho más grave por la insoportable pasividad de un Gobierno perdido.