Lo grave es que, desde el primer minuto y a pesar de sus carencias en la disciplina, se ha erigido en el auténtico hacedor de la política económica del país, de manera que su desprecio por lo económico y su desdén por la materia le llevaron, ya en su primera legislatura, no sólo a dejar en un tercer o cuarto plano estos problemas y los muchos desequilibrios que entonces -a pesar de la buena marcha del país entre 2004 y 2007- se venían acumulando, sino a tomar decisiones contrarias a lo que debía haberse hecho en aquellas circunstancias.

Entre otras, una expansión desmedida e irresponsable del gasto (lo que se le advirtió continuamente), que disimulaba mediante colosales ingresos impositivos, que en ningún momento se planteó reducir.

Es por eso falso, como se pretende desde el PSOE y el Gobierno, que las peores condiciones con que la economía española ha afrontado esta crisis, que la han profundizado y alargado, se gestasen en el periodo del Gobierno Aznar 2000-2004, quien, por cierto, tuvo que lidiar con una minicrisis (2001-2002) que ha resultado una rareza en la historia económica de la democracia por su menor repercusión en la destrucción de empleo y generación de parados.

Si en algo afectó aquel Gobierno a la actual situación fue en su paralización de reformas a partir de 2002 y más concretamente el cambio emprendido en materia laboral y de desempleo.

La terca realidad de los mercados es la que ha obligado (lo de abrirle los ojos no puede ser sino una broma, porque no cabe desconocimiento) a un presidente pusilánime, siguiendo un cálculo electoral, a encarar (al menos, a realizar una puesta en escena en dicho sentido) algunas decisiones que deben adoptarse no sólo para recuperar la economía española de su crítica situación, sino para evitar que retornen sus fragilidades y desequilibrios más recurrentes y persistentes en décadas.

Máxime cuando nuestra pertenencia al euro penaliza -y mucho- la pérdida de competitividad o una productividad ridícula y tristemente basada en la destrucción de empleo.

Desde la frase vacua de que "la economía no está peor que hace seis meses" (ni dice cómo estaba entonces -podía ser desastrosa-, ni que ahora esté mejor o bien) o el uso demagógico en el Senado de la ampliación de la prestación extraordinaria por desempleo (426 euros), anunciada varios días antes por la vicepresidenta primera del Gobierno, hasta el supuesto complot o conjura de los mercados contra nuestro país, no hacen sino remarcar la ineptitud de un Gobierno cambiante y a la deriva de sus clientes (sobre todo, los sindicatos), del que sólo unos pocos, como el secretario de Estado José Manuel Campa, mantienen el sentido común y cierta decencia al analizar la situación.

Nadie con un mínimo conocimiento del funcionamiento de los mercados de deuda, de cambio o los financieros y bursátiles, con los volúmenes que mueven al día y las continuas transacciones que en ellos se realizan, puede sostener que Gran Bretaña logre asaltar o influir especulativamente en la deuda pública de España.

Sirvan como ejemplo los intentos de los bancos centrales por defender las diferentes divisas europeas en 1992-93 sin mucho éxito y con grandes pérdidas. De haber podido, habrían acabado con aquella especulación, entonces de menor volumen que la ahora en juego.