Los consumidores creen que la reforma del sistema financiero, que obligará a la banca a sanear sus activos inmobiliarios en 50.000 millones de euros, será insuficiente para estimular la compra de sus viviendas y que fluya el crédito y, por ello, piden que se adopten otras medidas, sobre todo en materia de empleo.

Esa es la opinión de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), cuyo portavoz, David Hurtado, se ha referido a esta reforma que busca que la banca sanee sus activos inmobiliarios, mediante el aumento de las provisiones y creando un colchón de capital.

Hurtado, en declaraciones a EFE, ha reconocido que esta iniciativa "puede ser una oportunidad para conseguir una rebaja en los precios de las viviendas, que siguen sobrevaloradas en un 20 ó 30 % y puede permitir un mayor flujo de crédito hacia las familias y las pymes".

Pero está convencido de que para que "se produzcan resultados reales", el Gobierno "debe generar seguridad financiera a los ciudadanos" y la mejor forma de hacerlo y "la única", en su opinión, "es fomentar la situación del mercado laboral y reducir el paro".

"Solamente un consumidor que tenga un empleo y una cierta certidumbre sobre su futuro y su capacidad económica a medio plazo va a entrar en la compra de vivienda porque si no, por muy barata que esté, no la comprará", ha vaticinado.

Y el sistema de "desconfianza" de los consumidores hacia el sistema es tal, según Hurtado, que los que tienen el trabajo asegurado "tampoco van a comprar vivienda", de ahí la importancia de asegurar esa confianza, que pasa además por ejercer un control más estricto sobre los bancos para que no apliquen "intereses elevados y comisiones" si se produce "el tan ansiado aumento de créditos".

Unos créditos sobre los que deben informar adecuadamente los bancos para evitar que vuelvan a sobreendeudarse más familias, como lo han hecho muchas por las excesivas facilidades crediticias de hace unos años, según la CECU.

Mientras, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, ha mostrado sus dudas de que el dinero vaya a fluir a partir de la reforma y se ha preguntado "si un banco dará un crédito a una persona con un trabajo precario, que está a punto de irse al paro o con parte de la familia que no trabaja", e incluso si "un ciudadano, en su sano juicio, traspasará la puerta si no tiene perspectivas laborales estables".

"Creemos que en vez de fluir el crédito, se va a cortar más el grifo porque se van a pensar muy mucho a quien están dando ese crédito (..); nos tememos -ha continuado- que el consumidor se va a quedar igual, va a tener muchas posibilidades de no tener un crédito salvo que sea funcionario o un trabajo estable".

La reforma puede bajar el precio de los pisos de los bancos, según han admitido los consumidores, pero también advierten de que "si nadie quiere comprar y los de los particulares siguen teniendo un importe elevado, no se va a equilibrar una vez más el mercado inmobiliario".

La OCU cree que si bajan los precios de las viviendas de los bancos se establecerá "una competencia desleal" con los particulares que quieran vender los suyos ya que es más factible que un banco de un crédito para un piso que tiene en su cartera que para el de otro.

Izverniceanu ha criticado que los bancos que se fusionen al no poder afrontar el endurecimiento de las provisiones puedan solicitar financiación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en forma de prestamos a precios de mercado.

"Sale de dinero público, una vez más, como ocurrió con el otro ejecutivo, cuando el objetivo final era que fluyera crédito a los ciudadanos y pequeñas y medianas empresas, y no se consiguió", ha asegurado a EFE la portavoz.

Para la OCU, "si damos dinero público, nosotros estamos salvando quizá la mala gestión de algunos bancos con dinero nuestro, de los particulares, que también tenemos que asumir nuestras propias perdidas porque nuestros pisos también valen menos que cuando los compramos".