La jueza de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 18.5 millones de euros para el empresario José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones, en el marco de la causa que investiga la presunta estafa de 13.9 millones a Inversiones Grupo Miralles.

Así consta en el auto que ha dictado la magistrada para requerir a los siete imputados el pago de 13.9 millones más un tercio de esta cantidad con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de este procedimiento. A los imputados les ha concedido un plazo de 24 horas a partir del momento en que les sea notificada la resolución.

Así, en caso de que no hagan frente a la fianza, el Juzgado instará a los encausados a que designen bienes hasta cubrir la cantidad fijada para, una vez comprobado su valor, iniciar los trámites para su posterior embargo.

Se da la circunstancia de que en el marco de esta causa la magistrada ya acordó retirar el pasaporte al fundador de Nueva Rumasa y prohibirle abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial. Sin embargo, se trata tan sólo de uno de los tres procesos judiciales en los que el empresario jerezano está siendo investigado en Baleares.

De hecho, ha sido nuevamente citado a declarar el próximo 22 de febrero de 2012, en este caso ante el Juzgado de Instrucción número 5, por otro delito de presunta estafa por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel Samoa, situado en Calas de Mallorca- a la familia Hoz.

Junto al empresario jerezano ha sido citado a declarar el mismo día su hijo Álvaro Ruiz-Mateos. La presunta testaferro del quien fuese patriarca del conocido holding empresarial, María Susana Álvarez Ampuero, y otro de sus hijos, Javier, han sido emplazados a declarar el 14 de marzo. Finalmente, el 21 de marzo serán interrogados los hermanos de este, Pablo, Zoilo y José María.

El empresario, junto a sus seis hijos, tiene también retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional en el marco de un tercer caso, centrado en una supuesta estafa de 7.3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó.

Se trata de una causa que se encuentra en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien además acordó para ellos la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decretó el pasado 26 de enero el embargo de todo el patrimonio de la familia Ruiz-Mateos, compuesto por unos 220 inmuebles, fincas rústicas, cerca de un centenar de obras de arte y vehículos de alta gama, tras los registros practicados por la Policía judicial durante cerca de 15 horas.

La incautación de estos bienes se produjo dentro de la causa abierta por Ruz, que investiga a los Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, y para evitar su venta, ya que el dinero resultante de su liquidación estaría destinado a cubrir las deudas de 289,1 millones de euros contraídas con los afectados.