Los 13 hijos de José María Ruiz-Mateos se elevaron el sueldo y se otorgaron indemnizaciones procedentes del dinero de Nueva Rumasa para poder seguir pagando sus hipotecas días antes de anunciar la quiebra del grupo empresarial, según se desprende de uno de los documentos que forma parte del sumario de la causa.

En el documento, elaborado presuntamente por los asesores de Nueva Rumasa, figura toda la estrategia que los Ruiz-Mateos iban a llevar a cabo antes de solicitar el concurso de acreedores de la mayoría de las sociedades del grupo.

En el punto 9 del documento, bajo el título «Comprobación y actualización de los sueldos y emolumentos de los hijos e hijas de Ruiz-Matesos», los gestores ordenan la «actualización de los sueldos para permitir el pago de las hipotecas, añadiéndoles cláusulas indemnizatorias elevadas y bonus».

Además, el autor del informe añade una «nota» en la que destaca como «importante» el caso de Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, que «no está dado de alta», en referencia a su inscripción en la Seguridad Social.

Este documento se incluye en el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional y enviado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

Los asesores recomendaron a los seis hijos varones de Ruiz-Mateos no presentar concurso de acreedores de sus sociedades patrimoniales mientras pudieran pagar los préstamos hipotecarios.

Sin embargo, les aconsejaban "revisar" quiénes eran los administradores de estas sociedades "para que no coincidan" con las empresas del grupo que iban a presentar concurso de acreedores y evitar así embargos sobre sus bienes.

Respecto a las sociedades patrimoniales de las hijas, los asesores recomendaron formular contratos de arrendamiento de las viviendas con "sus familiares para poder pedir la suspensión de las ejecuciones" hipotecarias en caso de impago o los embargos.

Ordenaron destruir toda la documentación

Otro de los aspectos que revela el escrito es cómo días antes de declarar la insolvencia de Nueva Rumasa, la familia Ruiz-Mateos ordenó la «limpieza de despachos profesionales y de las empresas concursales de toda aquella documentación comprometedora».

Para ello decidieron «establecer un sistema camuflado, como una auditoría interna para evitar comentarios» con el objetivo de «realizar esta labor de forma externa sin dar explicaciones».

La incautación de este documento precipitó la petición de entrada y registro de siete inmuebles -viviendas de los Ruiz-Mateos y varios despachos profesionales de sus asesores- formulada por la Fiscalía Anticorrupción al juez y que tuvo lugar el pasado 25 de enero.

Falsificación de los balances

Del documento también se desprende que los asesores de la familia Ruiz-Mateos se dedicaron a estudiar «las diferencias entre los balances oficiales y los reales» de las empresas de Nueva Rumasa para evitar que los propietarios fueran declarados culpables del vaciamiento patrimonial.

En concreto, los gestores dieron instrucciones para «conseguir ajustarlos al máximo para evitar que declaren los procedimientos culpables. No obstante, se adjuntará valoración de activos a valor de mercado para evitar la liquidación».

En su auto del pasado 15 de febrero, Ruz levantó parte del secreto de sumario de la causa que investiga a José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, siete de sus hijos, y otras seis personas más por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental en la venta de pagarés a los inversores.