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Funcionaria, funcionario y funcionarios.

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Lucha contra el fraude en prestaciones

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Los funcionarios de baja no cobrarán el sueldo completo

El Inem citará a los parados a un día y una hora

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Periodista Digital, 01 de mayo de 2012 a las 10:01

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De esta forma podrá identificarse a quienes cobren el paro y trabajen tanto como a quienes perciban la prestación residiendo en el extranjero
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Burocracia, administración, funcionario, oficina y empleo./>

Burocracia, administración, funcionario, oficina y empleo.

  • Burocracia, administración, funcionario, oficina y empleo.

Los funcionarios dejarán de cobrar el salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal.

También se les van a cambiar los horarios y deberán asumir tareas que hasta ahora desarrollan empresas externas.

Los complementos de sus sueldos se adecuarán al «desempeño» en el puesto.

Son algunas de las medidas incluidas en el plan para reducir el absentismo de los empleados públicos que el Gobierno pretende aprobar este año, según figura en el Plan Nacional de Reformas enviado a Bruselas.

Reduciendo el absentismo laboral de los funcionarios, el Ejecutivo quiere no sólo ahorrar en gastos de personal, sino también aumentar la productividad de los empleados públicos y disminuir la contratación de interinos.

Además, las incapacidades temporales de los funcionarios dejarán de computarse en meses como hasta ahora, para calcularse en días.

También se establecerán controles para que Muface, que depende de Hacienda y gestiona las prestaciones de los empleados públicos -asistencia sanitaria, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, indemnizaciones por lesiones o por invalidez-, pague los subsidios a partir del cuarto mes de baja atendiendo a «la situación real de incapacidad» del trabajador, explica el plan.

Otras medidas de control serán impedir el cobro de subsidios si el funcionario no acude al reconocimiento médico prescrito o acortar los plazos de expedición y entrega de los partes de baja.

El Plan Nacional de Reformas también detalla el programa de lucha contra el fraude a la Seguridad Social que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes.

Pese a que la ministra, Fátima Báñez, no los citó en la rueda de prensa posterior, dicho plan establece toda una serie de controles sobre los perceptores de las prestaciones de desempleo.

Así, la intención del Gobierno es aumentar los «controles intensivos de presencia» en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo -el antiguo Inem, ahora transferido a las comunidades autónomas-.

Es decir, se requerirá a los parados que se personen a determinados «días y horas» en las correspondientes oficinas de empleo.

El plan asegura que de esta forma podrá identificarse a quienes cobren el paro y trabajen tanto como a quienes perciban la prestación residiendo en el extranjero.

Por esa razón se pretende verificar las renovaciones de la demanda de empleo realizadas desde fuera de España, o incluso desde comunidades autónomas distintas a la del domicilio efectuadas a través de internet.

Además, se revisarán los registros de salidas y entradas en el pasaporte.

Según el plan, cada vez se detectan más casos de personas que cobran la prestación y viven en el extranjero. Al tiempo, se flexibilizará la periodicidad de las fechas de sellado de la demanda para «determinados colectivos» que no especifica el plan.

Estos controles intensivos son sólo el primer paso para luego vigilar que el desempleado cumple su «compromiso de actividad»: participa en cursos de formación o inserción profesional y acepta las ofertas de trabajo disponibles.

Para ello, los servicios de empleo utilizarán «promotores y orientadores», a fin de concienciar a los perceptores de prestaciones de que éstas no son «un derecho derivado de las cotizaciones realizadas», asegura el plan, sino que implican «una serie de obligaciones».

Los Presupuestos de este año prorrogan hasta diciembre el contrato de 1.500 orientadores y mantiene hasta el próximo 30 de junio a otros 1.500 promotores, todos ellos empleados por el Gobierno del PSOE.

El Gobierno implicará también a las agencias privadas de colocación en la vigilancia de los desempleados, puesto que les obligará a comunicar al Inem sus «incumplimientos».

Una medida que a buen seguro suscitará el rechazo de los sindicatos, recelosos de la intervención privada en la intermediación laboral.

Finalmente, la Inspección de Trabajo cruzará datos informáticos con la Agencia Tributaria para comprobar las rentas de los pensionistas que reciben los llamados complementos a mínimos, así como las rentas de los familiares de quienes perciben subsidios o de los agricultores por cuenta propia.

De los controles tampoco se librarán las bonificaciones a los contratos y a la formación para el empleo que reciben las empresas.

 


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