El sector de la minería española tradicionalmente ha planteado conflictos con el Estado que han desembocado en revueltas cargadas de violencia.

En muchas ocasiones inviable, este sector del tejido productivo nacional se ha sustentado gracias a la protección y las subvenciones que ha conseguido de la hacienda pública como consecuencia de la presión del sindicalismo.

¿Cuánto cuesta mantener la minería del carbón?

Aunque con el tiempo se han ido reduciendo el número de subvenciones que el erario público ha concedido al carbón, todavía la cifra de de dinero público se mantiene en unos niveles considerablemente altos.

Actualmente hay 37.698 empleos directos en la minería, de los cuales 7.967 pertenecen al sector del carbón, y hay 523 millones de euros presupuestados para subvencionarlos.

Esto supone que cada puesto de trabajo cuesta al contribuyente, adicionalmente de lo que paga por la vía de la compra del producto, 65.645,78 euros.

¿Por qué se manifiestan ahora?

Desde 1986 la principales cuencas mineras del carbón españolas, situadas en Asturias, León y Palencia, han contado con subvenciones otorgadas directamente por la Unión Europea.

A ellas, se suman también otras de Alemania, en la región del Ruhr, o Rumanía, en el valle del Jiu.

El 2009 la Comisión Europea comenzó a plantear la necesidad de establecer un plan que retirara paulatinamente estas transferencias con la finalidad de no seguir manteniendo actividades inviables y nada competitivas.

Con la presión de España y Alemania, en 2010 este debate desembocó en el 'Plan de la Minería' por el que se extendía el tiempo de reconversión y cierre de este sector hasta 2018.

Sin embargo, el empeoramiento de la crisis ha obligado al Gobierno español a adelantar el tiempo de transición hasta 2014.

Así, el actual ministro de Industria, José Manuel Soria, llevando a efectos esta decisión, ha tomado la medida de reducir un 63% las subvenciones al carbón en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de este año 2012.

El Ejecutivo da la minería hasta dos años más para que reoriente su producción hacia otras actividades cuya demanda cubra los costes sin la necesidad de castigar con recaudación extra de capital a los contribuyentes españoles.

Los mineros no están dispuestos a aceptar estas condiciones y este es el germen de la 'marcha negra' que harán hasta Madrid.

¿Es sostenible el sector?

Las dos empresas principalmente implicadas en la extracción de los minerales del carbón es Hunosa (pública) y Uminsa (privada).

Su actividad supuso en 2010 el 9,39% del mix energético español; cifra que se ha ido reduciendo desde 2004, cuando el porcentaje ascendía hasta el 32,36%.

La energía en España está altamente regulada y es mediante decisión política como se forma qué tipo de energía se consume.

Los deseos del anterior Ejecutivo socialista de promocionar las energías renovables hizo que el empleo del carbón fuera poco a poco sustituido.

No obstante, esta industria, también subvencionada, no ha hecho sino más que incrementar el déficit de tarifa, por el cual la deuda del Estado se ha ido abultando.

La Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunion) estima que el precio de la tonelada del carbón nacional se sostendrá más barata que la del importado a partir del 2012.

No obstante, aún suponiendo que esto fuera cierto, debería ser el mercado el que dictara con su demanda qué sector es sostenible y cuál debe ser cerrado.

Cuestión de ecología

Además de la mala calidad y su alto coste de extracción, hay voces que mantienen una posición contraria hacia el carbón español por ser especialmente contaminante.

Según la Asociación Española de Industria Eléctrica (Unesa) su contenido en azufre (entre el 1% y el 5%) es superior al del importado (en torno al 0,5%).

Por otro lado, España ha incumplido los compromisos legales contraídos en el Tratado de Kioto, en los cuáles, al final de 2012, el incremento de emisiones de CO2 no podía superar el 15%.

La cosecuencia de ello ha supuesto más gasto para el contribuyente en concepto de compra de "derechos de emisión".

Este coste en 2011 se ha cifrado entre los 500 y los 800 millones de euros.

NOTA.- leer artículo original en 'La Gaceta'