El presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la CEOE, Luis Alfonso Durán, pide que la universidad asuma «los mismos riesgos» que las empresas para sacar adelante proyectos innovadores.
Duda de que la nueva ley de Patentes que actualmente está tramitando el Congreso vaya a incentivar la innovación en España.
Así lo ha reconocido este martes te su comparecencia ante la Comisión de Industria de la Cámara Baja, donde ha afirmado que la colaboración entre empresa y universidad en España «no funciona» ni lo hará hasta que las universidades no «piensen desde un punto de vista más empresarial».
«Mi impresión es que son dos mundos distintos, dos culturas muy diferentes. Son mundos herméticos, y las universidades tienen que entender que una empresa no va a invertir en innovación hecha por la universidad si ésta no acepta correr los mismos riesgos que corre la empresa al poner en marcha el proyecto, porque la innovación, como cualquier actividad empresarial, es incierta, es difícil. Estos dos mundos tendrían que compenetrarse un poco mejor».
EL EXAMEN PREVIO ES INNECESARIO
Además, Durán rechaza la modificación que se plantea en el proyecto de ley de obligar a que todas las invenciones tengan que pasar un examen previo ante la Oficina de Patentes antes de obtener el reconocimiento, y pone en duda que este cambio vaya a tener un efecto importante en la calidad o en la cantidad de los registros.
En este sentido, ha defendido que la calidad de las patentes viene determinada por el grado de protección que son capaces de conceder al inventor y porque minimizan las posibilidades de anulación, y considera que obligar a hacer un examen previo sólo va a conseguir «una calidad mediocre» incrementando los costes para los promotores de la patente.
«Conviene que no nos engañemos. No vamos a conseguir mejorar enormemente la calidad por el hecho de que haya examen. Las cosas van a seguir igual», prevé el responsable de la CEOE, recordando que «lo que hace que una patente sea buena es la innovación que hay detrás», y eso sólo se fomenta con inversión privada, un cambio en la cultura empresarial, un marco legal favorable y estímulos (fiscales, etc.) a la innovación. «Pero la Ley por sí misma no va a provocar una mayor innovación».
No obstante, Durán ha reconocido que en la CEOE existen posturas encontradas entre esta materia entre las grandes empresas, favorables al examen previo obligatorio, y las pymes, que prefieren el examen opcional.
PODRIAN PERDERSE PATENTES ESPAÑOLAS
De hecho, actualmente hasta el 90% de las patentes registradas en España no optan por el examen, por lo que el cambio promovido por el Ejecutivo va «contra lo que interesa» a la gran mayoría de las empresas afectadas, que se verían más beneficiadas con medidas como reducir los costes del procedimiento, poder hacerlo en español o que los trámites para solicitar la patente europea no duplicaran el trabajo.
Es más, Durán teme que finalmente muchas empresas españolas opten por hacer directamente la patente europea, que también tiene efectos nacionales, lo que podría provocar un «déficit importante de recaudación de tasas» en la Oficina de Patentes y Marcas y un «exceso» de trabajadores. Un desequilibrio que tampoco podría cubrirse con lo que pagan las empresas extranjeras que patentan en España, ya que la UE podría poner «objeciones» a que «se subvencione con el dinero de los de fuera las patentes de los de dentro».
Finalmente, el dirigente de la CEOE ha rechazado la posibilidad de introducir en la normativa cambios que nos acerquen a países como Alemania, donde los investigadores e incluso los trabajadores que proponen mejoras puntuales de los procedimientos reciben incentivos por estas aportaciones.
«Las empresas y los trabajadores tienen libertad de pactar y regular sus condiciones retributivas en función de los resultados» si quieren hacerlo, pero «imponer unas condiciones que puedan condicionar a la empresa posteriormente en función de lo que haga el investigador puede frenar la contratación de investigadores asalariados y reconducir todo el trabajo de investigación a gente externa».
«Algo que, desde mi punto de vista, no sería positivo porque es muy importante que haya al menos una gran parte del personal investigador contratado en la empresa, porque es mucho más eficiente».
Recordando además que los buenos investigadores están bien pagados porque «están muy buscados» y las empresas «se los rifan».
LEY POSITIVA PARA EL RESTO DE EXPERTOS
El resto de expertos que han comparecido a lo largo de todo el día en el Congreso consideran sin embargo que la nueva ley tendrá efectos muy positivos en la innovación.
Así, Miguel Angel Davara, profesor de la Universidad Antonio de Nebrija y doctor en Derecho, confía en que el examen previo hará que se patenten «mejores invenciones» y que las universidades suban en los ránking internacionales.
El decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones de Murcia y vicerrector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Juan Luis Pedreoño, cree que las patentes sin examen previo «no tienen ninguna utilidad» pero que con este cambio las empresas podrán comprar «tranquilamente» las patentes universitarias «sabiendo que han pasado por una fase previa de análisis» y que no les obligarán a entrar en litigios posteriores.
Además, el hecho de que las universidades dejen de estar exentas del pago de tasas (aunque con reducciones) incentivará a que patenten únicamente los inventos que pueden explotar económicamente, un «acierto» porque «pondrá a competir» a los diferentes centros. Igualmente, las exenciones en las tasas ayudarán a las pymes y emprendedores a entrar en el mundo de la patente, ante el que actualmente tienen muchas barreras.
Giovanni-Luigi Ribechini, presidente de la Comisión de Gestión Empresarial de la Asociación/Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña, coincide en que aunque en un primer momento el número de patentes caiga, posteriormente se «remontará con patentes de calidad».
Asimismo, aboga por clarificar el derecho a la remuneración de los creadores de patentes para evitar la fuga de cerebros y atraer a los investigadores que ya se han marchado de España, y también para incentivar la innovación entre los que siguen trabajando aquí.
Finalmente, el ingeniero industrial y experto en patentes Enrique Batalla ha asegurado que el examen previo obligatorio es «el absoluto acierto» del proyecto de ley y cree que, aunque se podría haber «ido más allá» en temas como las invenciones laborales o la agilización de las solicitudes de patente, la nueva norma tendrá efectos positivos en la calidad de las patentes españolas.
