El 71% de los directivos de empresas españolas medianas y grandes encuestados apoyaría que el Gobierno tomara medidas para contrarrestar la pérdida de recaudación fiscal que suponen las prácticas de erosión de la base fiscal y traslado de beneficios (BEPS, en sus siglas en inglés), según un estudio elaborado por Grant Thornton.
Este porcentaje supera la media de la eurozona, situada en el 60% y coincide con la media global del estudio, basado en 2.580 entrevistas a altos directivos en 35 economías de todo el mundo. Los empresarios españoles se decantan por la opción unilateral a pocos días de que la OCDE presente ante el G20 sus recomendaciones finales para atajar este tipo de planificación fiscal agresiva, puesto que son escépticos ante la posibilidad de que se consiga el consenso global necesario para sacarlas adelante, algo que sólo cree probable un 25% de los encuestados en España (27% de media en la eurozona). Algunos gobiernos europeos, como el británico, ya han puesto en marcha medidas unilaterales para corregir estas prácticas, que incluyen el traslado de los beneficios obtenidos en un país a otros con una menor carga fiscal, y que han puesto a algunas multinacionales en el foco mediático en un momento de especial dificultad para las finanzas públicas del continente. Según el socio director de en Grant Thornton, Eduardo Cosmen, la posición de las empresas españolas y europeas refleja el «hartazgo» ante un sistema tributario internacional «confuso, muy complejo, no armonizado y poco transparente». En este sentido, explica que las empresas responden ante sus accionistas del control de sus costes, incluidos los fiscales, pero estas prácticas agresivas, aunque legales en muchos casos, suponen un agravio comparativo, para la sociedad en general y para aquellas empresas que asumen importantes costes en sus transacciones transfronterizas al no contar con los recursos de ingeniería fiscal de las grandes multinacionales. En este contexto, el 71% de las empresas en España (un 70% de media en la eurozona) estaría dispuesto a renunciar a algunas oportunidades de reducir la carga fiscal transfronteriza a cambio de una mayor coordinación, claridad y transparencia en la fiscalidad internacional y particularmente en cuanto a lo que se considera aceptable o inaceptable en planificación fiscal. «La mayoría de las empresas, incluidas las multinacionales, preferirían un sistema fiscal internacional más claro, armonizado y adaptado a las realidades de una economía globalizada y digital», señala Cosmen. A su parecer, las recomendaciones de la OCDE y el G20 sobre BEPS representan «un buen punto de partida» para conseguirlo. Sin embargo, su desarrollo depende del acuerdo entre estados con intereses divergentes, puesto que mientras unos buscan frenar la erosión de sus ingresos tributarios, otros compiten por atraer a las grandes empresas con condiciones fiscales favorables. REVISAR EL RIESGO FISCALPor último, el estudio concluye que sólo un 21% de las compañías españolas ha revisado sus riesgos fiscales en los últimos tiempos, pese al creciente escrutinio nacional e internacional sobre las prácticas tributarias de las empresas. El porcentaje está por debajo de la media europea del 33%.
Para Cosmen, «es un error» pensar que el riesgo económico y reputacional que conlleva la fiscalidad afecta sólo a gigantes como Starbucks, Amazon o Google. «En un momento en el que muchas de nuestras empresas están emprendiendo su internacionalización e incorporación a la economía digital, el análisis del riesgo fiscal resulta imprescindible», sostiene.
