Economía
Emilio Saracho, presidente del Popular en sustitución de Ángel Ron, y Ana Botín. PD

La Audiencia Nacional ha rechazado este 3 de agosto de 2017 el recurso presentado por cerca de un centenar de antiguos clientes del Banco Popular que solicitaban que de forma urgente se suspendiera la decisión del Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria (Frob) de ejecutar la resolución de la entidad y adjudicársela posteriormente a Banco Santander.

Los accionistas minoritarios impugnarán este viernes 4 de julio en Bruselas la resolución sobre Banco Popular.

Esta semana se había presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en representación de casi un centenar de personas físicas y jurídicas pidiendo la imposición de medidas cautelarísimas. Esta solicitud ha de ser resuelta en un plazo máximo de 48 horas.

Así pues, los magistrados de la Audiencia Nacional constituidos en Sala de Vacaciones han rechazado tomar las medidas cautelarísimas, ya que no aprecian las razones de urgencia manifestadas en el recurso, por lo que la decisión del Frob sobre el Banco Popular continúa en vigor.

Al ser rechazadas las medidas cautelarísimas, éstas pasan a ser cautelares ordinarias, por lo que el recurso se volverá a estudiar, pero ya no de forma urgente. Así, los jueces han abierto una pieza separada para tramitar los recursos que piden tomar medidas y en septiembre se volverá a plantear; los magistrados tendrán diez días para resolver.

Admite a trámite otro recurso

Según las fuentes consultadas, la Audiencia Nacional está recibiendo a diario recursos tanto de personas físicas como jurídicas contra la resolución Banco Popular. Así el pasado 25 de julio la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió a trámite uno de ellos, interpuesto por un grupo de accionistas, oponiéndose a la decisión del Frob.

Según el diario económico, los demandantes, representados por el despacho Ontier, suman el 2% del capital de Popular y entre ellos se encuentra un familiar directo español del accionista mexicano Antonio del Valle. El recurso incorpora la petición de dos medidas cautelares, la "suspensión" del proceso de integración y la "anotación" de la operación en el Registro Mercantil.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido abrir una pieza separada en relación con dichas medidas cautelares, y se lo ha comunicado tanto al Frob como al abogado del Estado -su representante procesal-, que disponen de un plazo de diez días para exponer lo que estimen procedente sobre la medida cautelar.

El pasado 17 de julio, la Audiencia Nacional ya admitió a trámite el recurso contencioso administrativo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó contra la resolución del Frob por la que se ejecutó la resolución de Banco Popular y por la que la entidad fue vendida a Banco Santander.