Las irregularidades perpetradas por los directivos de la quebrada Caja Mediterráneo (CAM) sobrepasan todas las líneas rojas y eso explica, a la espera de lo que hagan los jueces, que el Banco de España  decidiera este 28 de septiembre de 2011 que María Dolores Amorós, ex directora general de la CAM, abandonara su puesto inmediatamente sin derecho a indemnización.

El FROB considera que ella y otros directivos han realizado lo que se denomina contabilidad creativa para 'llevarselo crudo'. Entre otras cosas, Amorós se adjudicó una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales.

UNA ENTIDAD QUEBRADA

El cobro de 13,3 millones de euros por parte de cinco directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo quebrada y con un agujero que supera los 15.000 millones es una inmoralidad.

Estos cargos de la CAM ejecutaron, justo días antes de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, el cobro íntegro de sus prejubilaciones, pactadas cuando la caja flotaba en la burbuja del ladrillo.

El Estado, o sea, todos los españoles, hemos tenido que salir al rescate de la entidad alicantina poniendo, por lo pronto, cerca de 6.000 millones para intentar reflotarla. Pero sólo es el principio.

La desfachatez de estos directivos de la CAM, que no se caracterizaron precisamente por su brillante gestión, obliga a las autoridades a solicitarles que devuelvan el dinero. Si no hay acuerdo, habrá que reclamárselo por todos los cauces posibles.

Es inconcebible y resulta sangrante que los responsables que han llevado a la ruina a una caja acaben siendo premiados con una lluvia de millones, cuando lo que deberían hacer es responder por su manifiesta incompetencia.

EL SAQUEO

Como subraya el diario 'El Mundo', jamás un quebranto financiero tan grande obtuvo una recompensa tan extraordinaria. La cúpula directiva de la CAM, la misma que con su gestión condujo a la cuarta caja de ahorros de España a la bancarrota, se embolsó 13,3 millones de euros en indemnizaciones justo antes de que la entidad fuese intervenida por el Banco de España.

Dos meses después del rescate, el supervisor destapó unas pérdidas de 1.136 millones de euros en el primer semestre de 2011. El Estado ha tenido que inyectar 2.800 millones para recapitalizar la caja y prestarle 3.000 millones para que atienda sus problemas de liquidez. Unos números que no impidieron que sólo cinco ejecutivos de alto rango accedieran a repartirse 13,3 millones en indemnizaciones.

Los beneficiarios de tan jugosas indemnizaciones son Roberto López Abad, ex director general de la caja y al que todas las fuentes apuntan como primer responsable de su desaguisado; Vicente Soriano, jefe de Recursos Humanos; Joaquín Meseguer, responsable de Participaciones Empresariales; Agustín Llorca, director general adjunto, que abandonó la entidad un día antes de su intervención por el Banco de España, y Gabriel Sagristá, director de la zona Norte.

Los cinco se acogieron al expediente de regulación de empleo (ERE) que puso en marcha la CAM este mismo año después de haber sido los máximos responsables de una gestión que ha llevado a la entidad a una morosidad del 51% con el sector inmobiliario, pérdidas de 1.136 millones en apenas seis meses y una posición de liquidez que obligó al Banco de España a rescatarla.