Las miles de facturas impagadas que se agolpan en los cajones de los ayuntamientos y comunidades autónomas españolas quedarán liquidadas en apenas unas semanas. O al menos esa es la intención del Gobierno de Mariano Rajoy.

El próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará, en una decisión sin precedentes, un mecanismo legal que permitirá a empresas y autónomos cobrar todas las cantidades que les adeudan las administraciones, y que según los cálculos del Ejecutivo, podrían situarse entre 40.000 y 50.000 millones de euros.

En la operación participará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero también las principales entidades financieras del país, a las que podrán acudir los empresarios con esas facturas impagadas para cobrarlas.

El Gobierno pretende aprovechar la disminución del coste de colocar deuda en los mercados para obtener ese dinero y ponerlo en manos de los proveedores sin necesidad de pasar por los ayuntamientos o las comunidades autónomas morosas.

Aunque los detalles de la operación todavía se están ultimando, se trataría de hacer una emisión de deuda en los mercados, con aval del Estado español, y posteriormente la deuda la asumirían las comunidades o los ayuntamientos que las hayan contraído.

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