Ya sabemos la cifra: cerca de 24.000 millones de euros. Esa monstruosidad es lo que costará al sufrido contribuyente español sanear Bankia, cuyos desastrosos y voraces gestores se han ido a casa forrados, con enormes indemnizaciones, planes de jubilación dorados y primas majestuosas.

En la rueda de prensa que ha dado este 26 de mayo, Gorigolzarri exculpó al anterior equipo gestor y defendió una entidad "sólida, eficiente y limpia":

"No he venido a depurar responsabilidades".

Sobre Rodrigo Rato en particular, ha matizado que su antecesor tuvo que desarrollar su gestión "en un entorno enormemente convulso y de gran dificultad".

Y sobre la necesidad de esos 19.000 millones de euros adicionales, que aportará el Estado español, Goirigolzarri ha dejado claro claro que "no ha aparecido nada" irregular que justifique esta brecha, más allá del propio "deterioro del valor de los activos por la evolución económica y los cambios regulatorios".

"Estos son los dos elementos que justifican una recapitalización de la entidad, y nada más".

Bien por él, pero los protagonistas y beneficiarios de este gigantesco desastre, que pagaremos todos los españoles, no se pueden ir de rositas.

El presidente de Bankia no se ha pronunciado sobre si la banca española necesitará el auxilio de la Unión Europea. Añadió que su plan ha sido consensuado con el Banco de España y el Ministerio de Economía y que, desde el punto de vista formal, debe ser aprobado por el FROB.

LO QUE PEDIRÁN

El Consejo de Administración de la entidad financiera pedirá otros 19.000 millones de euros adicionales al FROB, que se sumarán a los 4.500 millones ya aportados para la capitalización de BFA, la matriz de Bankia.

El Consejo de Bankia revisó este 25 de mayo de 2012 las cuentas y afloró una serie de minusvalías y pérdidas que no estaban en el balance, entre ellas, unos 3.300 millones de su filial inmobiliaria Habitat -no detectados por el Banco de España- además de mayores provisiones por la cartera de créditos.

24.000 millones de euros es una cifra astronómica, que multiplica por seis el agujero contable de Banesto y que se acerca a lo que gasta anualmente el Estado en educación, en intereses de la deuda o en prestaciones de desempleo.

Como subraya 'El País', la crisis de Bankia aparece ya como la más grave del sistema bancario español en los últimos 15 años y deja en mantillas la de la CAM, que según definición del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, era "lo peor de lo peor".

Lo más grave es que obliga a considerar la hipótesis de una intervención europea en una parte de la banca española, puesto que el FROB carece hoy de recursos para ejecutar un rescate de tal volumen.

La pregunta es cómo se ha podido llegar a esa situación cuando hace diez meses Bankia salía a Bolsa y sus gestores se jactaban de la excelente salud de la entidad.

Apunta y con razón 'El Mundo' que una de las grandes sorpresas es que los 7.000 millones que se barajaron hace dos semanas que necesitaría Bankia se han convertido en 19.000 millones después de que su nuevo equipo gestor revisara las últimas cuentas del grupo -incluida la matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA)- y calculase el impacto que tendrá en la entidad el saneamiento inmobiliario impuesto por el Gobierno.

En términos políticos, la gravedad de la crisis exige una investigación parlamentaria sobre quienes han tenido arte y parte en esta catástrofe financiera.

Hay que pedir explicaciones públicas a los presidentes de la entidad hasta la nacionalización; a los consejeros de Caja Madrid; a los impulsores políticos de la fusión de siete cajas que se ha revelado como desastroso, en particular la absorción de Bancaja; y a quienes favorecieron una salida a Bolsa ruinosa que ha empobrecido a los accionistas más allá de la oscilación natural del mercado.

También debería aclararse el Gobierno Rajoy, porque su gestión de la crisis, intermitente y dubitativa, no ha sido hasta el momento muy alentadora.

La semana pasada, el PP se negaba a que Rodrigo Rato, Miguel Blesa y Miguel Ángel Fernández Ordóñez comparecieran en el Congreso para dar explicaciones sobre Bankia.

Esa comparecencia, aunque necesaria, nos parece absolutamente insuficiente. La magnitud de las cifras y las sospechas de una mala gestión nos reafirman en la necesidad de crear una comisión parlamentaria de investigación.

Los ciudadanos tienen derecho a saber las causas que han provocado la nacionalización de Bankia por la sencilla razón de que va a ser el Estado el que asuma el coste de su saneamiento. Para ello, tendrá que emitir la correspondiente deuda en unos momentos en los que la financiación no es precisamente barata. Pero la gran paradoja es que esta decisión no ha sido adoptada por Cayo Lara, sino por un Gobierno liberal, muy poco partidario de la intervención del Estado en la economía.

No estamos en contra de la nacionalización de Bankia como solución transitoria y de emergencia porque somos conscientes de que no había otra alternativa realista para salvar una entidad que tiene diez millones de clientes. Pero lo que no puede ser es que los responsables de este desastre salgan indemnes.

El Gobierno está estudiando crear un gran banco público mediante la absorción de Novagalicia y Catalunya Banc por parte de Bankia, lo que generaría una entidad con una cuota de cerca del 20% en el sistema financiero español.

Hay quien sostiene y con argumento, que la nacionalización es una alternativa a corto plazo, pero no debe convertirse en una solución a largo.

Máxime cuando la inyección de dinero público en Bankia permitirá, casi seguro, que se convierta en una entidad saneada y tentable, capaz de generar beneficios a corto plazo.

Si eso pasa o aunque pasa, no se puede recurrir al tradicional 'borrón y cuenta nueva' español.

Hay que investigar lo sucedido y exigir responsabilidades. Y si alguien tiene que ir a la cárcel, que vaya. Y por supuesto, que todos los que se han forrado, devuelvan la pasta.