La reciente nacionalización de Bankia ha despertado numerosas suspicacias. Aparte de la lógica preocupación por sus ahorros, muchos ciudadanos se preguntan por qué el Estado tiene que hacer tamaño esfuerzo cuando son muchos los directivos que han abandonado las Cajas de ahorro con elevadísimas indemnizaciones tras una dudosa gestión, que ha obligado al Estado a inyectar ayudas públicas.

No faltan voces que incluso piden la intervención del Fiscal General del Estado para que investigue dichas liquidaciones, además de los créditos que muchos de ellos mantienen con las entidades que abandonan.

Los ex directivos han recibido ya más de 93 millones en indemnizaciones.

Una cifra que sobrepasaría ampliamente los cien millones si se suman las cantidades pendientes de recibir.

Antiguos gestores siguen reclamando un resarcimiento, como el que fuera director general de Caixa Penedés -entidad que hoy forma parte de Banco Mare Nostrum-, que reclama por vía judicial los 3,7 millones de euros que no le han dado a su salida de la entidad.

Otros directivos han llegado incluso a blindar su futuro nada más incorporarse a su nueva responsabilidad. Es el caso del ex director general de Catalunya Caixa, Josep María Loza, que pactó una indemnización de diez millones de euros a su salida.

Una suma escandalosa para una entidad nacionalizada desde septiembre. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tiene casi el 90% de su capital, ha iniciado la venta de la firma, aunque, por el momento, el proceso no ha despertado gran interés.

Bankia, que ha protagonizado el mayor rescate de la historia de España, con cerca de 25.000 millones de euros, está ya en manos de José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA hasta octubre de 2009, cuando abandonó la entidad tras recibir una liquidación por valor de 52 millones de euros, que puso fin a los desencuentros con el presidente del Banco, Francisco González.

Al antiguo presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que presentó su dimisión el 7 de mayo, le corresponde un plan de pensiones de 1,2 millones de euros, que según fuentes del sector podría percibir en acciones.

El panorama de las Cajas de ahorro en España ha dado un vuelco de 360 grados.

El interés de los políticos por financiar proyectos innecesarios muchas veces y su exposición al ladrillo las han empujado al abismo.

Su presunta solvencia ha dejado al descubierto profundos agujeros en sus cuentas.

Sólo unas cuantas entidades han sobrevivido a esta hecatombe.

El paradigma es La Caixa, que gracias a una adecuada política de racionalidad ha conseguido mantener e incluso mejorar su solvente posición de liderazgo.

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