El informe del Tribunal de Cuentas sobre cómo se ejecutó el programa estrella del Plan E certifica con datos irrebatibles lo que estaba en boca de todos: Un despilfarro de hasta 8.000 millones de euros el doble de lo que, por ejemplo, espera recaudar este año Rajoy por la subida del IRPF.

El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lanzó la idea el 27 de noviembre de 2008. Sus resultados, a ls vista del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, son tan desastrosos, que dan ganas de llorar. O de matar a alguien.

Por muchas razones.Los ayuntamientos no seleccionaron los proyectos del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) en función de la creación de empleo, que era su principal objetivo, y las empresas incumplieron en un 11% de los casos la obligación de contratar desempleados.

Así consta en las conclusiones del informe de fiscalización de las contrataciones desarrolladas por las entidades locales en relación con las inversiones financiadas por este fondo, incluido en el Plan E.

Las conclusiones extraídas por el Tribunal de Cuentas se basan en el análisis de una muestra efectuada a 700 entidades locales y 1.270 proyectos. Este fondo tenía una dotación de 8.000 millones de euros destinados a la realización de obras de competencias municipal de nueva planificación a fin de crear y mantener puestos de trabajo. Según recuerda el informe del Tribunal, se distribuyó entre 8.090 entidades locales para sufragar 30.698 proyectos, con un importe máximo cada uno de 5 millones de euros y cuya cantidad en conjunto ascendió finalmente a 7.836,16 millones de euros.

El plazo de 54 días para la elaboración y presentación de propuestas de inversión establecido por el real decreto supuso una "limitación" para la "adecuada planificación", que unido al retraso de las actuaciones con 30 días de media, llevó a que no se garantizara que las inversiones fueran obras nuevas, necesarias para la entidad local y especialmente generadoras de empleo.

Dice el Tribunal que la mayoría de los procedimientos de selección de proyectos no se establecieron por escrito, lo que constituyó una "debilidad de control interno". Asimismo, afirma que el "criterio de contratación de trabajadores no fue utilizado por las entidades locales como elemento decisorio para la selección de proyectos", añade el texto.

Hace hincapié en que la mayoría de ayuntamientos las actuaciones de control se centraron en el cumplimiento de plazos y trámites, en tanto que el 66% no realizaron ninguna en lo que se refiere al seguimiento de creación de empleo. Reconoce que, debido a que las entidades incumplen sistemáticamente los plazos de aprobación de presupuestos, "no se garantizó que las inversiones fueran de nueva planificación", pues el 90% de corporaciones aprobaron en 2009 el presupuesto cuando ya sabían los proyectos aprobados por el entonces Ministerio de Administraciones Públicas.

Las entidades, prosigue el informe, destinaron financiación de este mecanismo a ejecutar proyectos, previstos con anterioridad pero que no se habían llevado a cabo por falta de recursos.

Esto supuso que el FEIL financió inversiones que no se podían considerar de nueva planificación. En el análisis de contratación, se incluye que en el 17% de proyectos no se cumplió con la obligación de supervisar el proyecto y en el 33% se incumplió con la de levantar el acto de replanteo de la obra.

El 21 % de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que generarían un número de puestos de trabajo inferior a las previsiones comunicadas por las entidades y el 12 % de los proyectos fueron adjudicados a empresas que no se habían comprometido a la contratación de parados.

Las empresas adjudicatarias "incumplieron el compromiso de contratación de desempleados en el 11 % de los contratos suscritos", por lo que "el número de desempleados afectados por este incumplimiento ascendió a 14.206".

Un 67 % de los empleados para estas obras que formaban parte de la empresa seguían en ella en el segundo semestre de 2011 y únicamente el 4 % de los contratados específicamente continúan.

También se vulneró el requisito de ejecución inmediata (44 % de contratos), al iniciarse con un retraso medio de 59 días.

Todo esto sucedió, añade el informe, a pesar de que los ayuntamientos contaban con la financiación, pues el 70 % de los fondos se recibía al mes de la adjudicación. Sobre la puesta en funcionamiento de las inversiones, se destacan las "grandes demoras" desde su finalización, con un periodo medio de 134 días para su puesta en marcha.

El Tribunal entiende que debido al carácter "excepcional" del fondo, cuya aplicación ya está finalizada al centrarse en los ejercicios de 2009 y 2010 y en algunos casos en 2011, se considera "innecesaria la formulación de recomendaciones, sin perjuicio de instar a las entidades que ejecutaron inversiones que actualmente no se encuentran en funcionamiento a poner a disposición del uso público estas instalaciones".