El Tribunal Supremo considera que la política de subvenciones a los agentes sociales que la Junta de Andalucía ha desarrollado, como mínimo desde 2005, no estaba tanto orientada a formar a los parados de la región como a «inducir a la afiliación» en beneficio de dos sindicatos muy determinados (UGT y CCOO) en perjuicio de otras centrales más minoritarias.
De este modo, tal y como publica El Economista, da la razón a una de estas últimas, la Central Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) que denunció esa práctica como «establecimiento de privilegios».
En otras palabras, la institución considera que lo que se ha producido es toda una «vulneración del derecho a la libertad sindical» en la región, en dos recientes sentencias a las que ha tenido acceso El Economista, y que pueden sentar jurisprudencia en el futuro sobre casos semejantes en otras partes de España. No cabe recurso contra estas decisiones.